Delcy Rodríguez anunció este viernes una “ley de amnistía general” para presos políticos y la enmarcó en todo el período de “violencia política” vivido en Venezuela desde 1999, una admisión que arrastra a los años del chavismo desde Hugo Chávez hasta el presente. La fórmula, presentada como un gesto de convivencia, deja al descubierto la magnitud de la persecución política acumulada por el régimen y el peso de las detenciones usadas como herramienta de control.
La funcionaria dijo que la iniciativa busca “favorecer la convivencia en Venezuela” y “reparar las heridas” de la confrontación política. También aseguró que la decisión fue discutida en el “alto mando político” y que contó con la determinación de Nicolás Maduro, quien ordenó llevar el texto ante la Asamblea Nacional “en las próximas horas” para su debate. Según el reporte citado, la norma podría quedar aprobada la semana próxima.
El anuncio se hizo en un acto celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia, otro escenario que refleja el dominio político sobre las instituciones llamadas a impartir justicia. Rodríguez insistió en que la excarcelación abarcaría el ciclo “de 1999 al presente” y pidió que la ley sirva para “reencauzar la justicia” y la convivencia entre venezolanos, mientras llamó a dejar atrás “la violencia o la venganza”.
La medida podría beneficiar a cientos de presos políticos que siguen tras las rejas, en medio de un proceso de liberaciones cuya cifra real sigue disputada. El chavismo habla de más de 600 excarcelaciones; defensores de detenidos bajan ese número a 302. El contraste confirma la opacidad con que el régimen maneja incluso una decisión presentada como alivio humanitario.
Rodríguez además advirtió que la futura ley excluiría a condenados por homicidio, drogas y delitos comunes. La propia lógica del anuncio revela el intento de vender como gesto de apertura una corrección parcial de una maquinaria represiva que ha usado tribunales, prisiones y medidas cautelares para sostener el castigo político.
La amnistía también buscaría borrar las causas de los excarcelados, una diferencia importante frente a las liberaciones recientes. En esos casos, muchos detenidos salieron de prisión pero siguieron sometidos a restricciones para salir del país y otras limitaciones judiciales, una salida incompleta que mantiene la presión del aparato estatal sobre los liberados y sus familias.
En el mismo acto, Rodríguez afirmó que El Helicoide, uno de los centros de detención más asociados a la represión chavista, sería convertido en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad. También aseguró que combatirá la corrupción en la justicia, otra promesa lanzada desde el corazón de un sistema que ha convertido la arbitrariedad en rutina.
ONG defensoras han confirmado algo más de 300 excarcelaciones en el último mes, pero todavía quedarían entre 600 y 700 presos políticos, según distintas fuentes, además de miles de personas bajo medidas judiciales y un número indeterminado de exiliados forzados por la persecución política. Esa es la herencia real del poder chavista: cárceles, expedientes, vigilancia y familias partidas por el miedo y el destierro.
El anuncio llega en un contexto marcado por liberaciones graduales, opacas y sometidas al cálculo político del régimen. Mientras las autoridades intentan vestir de reconciliación una maniobra de conveniencia, los familiares siguen exigiendo listas claras de beneficiados y respuestas sobre los que permanecen encerrados por pensar distinto.
Delcy Rodríguez anunció una amnistía para presos políticos y la extendió al período de 1999 al presente, en una admisión que arrastra al chavismo desde Chávez.[7][
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