El régimen volvió a admitir una realidad que intenta maquillar desde hace meses: el país atraviesa un repunte serio de arbovirosis, con más de 13.000 personas atendidas por fiebre en una sola semana y un aumento de los cuadros graves. La propia viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, confirmó que el cierre semanal dejó 13.071 casos febriles inespecíficos, una cifra que expone la magnitud de la crisis sanitaria y la incapacidad del aparato estatal para contenerla.
Peña García habló de una incidencia nacional de dengue de 24,3 casos por cada 100.000 habitantes, con alrededor de 2.360 enfermos, y señaló a Guantánamo, Matanzas, Ciego de Ávila, La Habana y Cienfuegos como las provincias más golpeadas. También reconoció que Villa Clara, Sancti Spíritus y Camagüey presentan un nivel de complicación por la circulación del virus. La chikunguña, además, ya se extiende por prácticamente todo el país, salvo Las Tunas, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud.
La advertencia más grave llegó con el aumento de pacientes en estado crítico. Según la viceministra, se atendieron 16 casos graves más que la semana anterior en salas de terapia de varios territorios. Aunque al cierre del período quedaba un solo paciente en estado crítico, el dato confirma que el brote está dejando consecuencias mucho más severas que un simple pico febril.
La funcionaria explicó que el riesgo crece por la circulación del serotipo 4 del dengue, distinto al que predominó en años anteriores. Esa variación eleva la probabilidad de complicaciones en personas que ya habían pasado la enfermedad por otra cepa. El mensaje oficial, sin embargo, llega acompañado de la misma impotencia de siempre: un sistema de vigilancia que detecta la fiebre, pero no logra frenar el avance del mosquito ni proteger a la población.
Detrás de esa expansión están las condiciones que el régimen ha dejado pudrir durante años: basura acumulada, hospitales sin higiene, falta de camas, escasez de insumos y medicamentos, agua potable intermitente e inseguridad alimentaria. El Gobierno promete reforzar el control vectorial, pero no ofrece plazos ni recursos concretos para una respuesta real. En la práctica, la crisis sanitaria se agrava mientras la población queda expuesta en barrios, centros de trabajo y escuelas.
La semana anterior, el MINSAP reconoció por primera vez la muerte de tres personas por dengue en lo que va de 2025, después de semanas de alarma social y de negaciones oficiales. El ministro José Ángel Portal había llegado a afirmar que nadie podía esconder una epidemia ni los muertos, pero la opacidad del propio sistema terminó imponiendo otra verdad: en Cuba, el régimen no controla la enfermedad y tampoco dice la verdad sobre su alcance.
Ante este panorama, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió al régimen que reconozca la magnitud de la crisis y declare una emergencia sanitaria nacional. La organización también pidió resolver de inmediato la suciedad en calles y ciudades, el acceso al agua y la inseguridad alimentaria que multiplica la vulnerabilidad de los cubanos. Fuentes médicas citadas por el observatorio describieron un cuadro de incertidumbre, marcado por pacientes que ni siquiera acuden a los centros de salud por la escasez de recursos e insumos. Así, el brote avanza entre la desprotección estatal y el silencio oficial, mientras el país acumula enfermos y muertos sin una respuesta a la altura.
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