La Comisión Interamericana de Derechos Humanos activó medidas cautelares a favor del preso político cubano Duannis León Taboada y de su madre, Yenisey Taboada Ortíz, tras advertir una situación de gravedad y urgencia que compromete su vida, su integridad personal y su salud en Cuba.
El organismo regional señaló que León Taboada enfrenta hechos de violencia, falta de atención médica y condiciones precarias de detención. También alertó sobre las amenazas que recibe su madre por parte de agentes de la Seguridad del Estado, una práctica que confirma el hostigamiento sistemático del régimen contra las familias de presos políticos.
La CIDH dejó constancia de que el Estado cubano no entregó información sobre el caso. Ese silencio oficial, en medio de denuncias por deterioro de salud y ausencia de atención inmediata, agrava el cuadro de indefensión en que permanece el joven preso.
En su resolución, la Comisión pidió al régimen que adopte medidas para asegurar condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales, ordene una valoración médica integral de su salud física y mental y garantice tratamiento médico oportuno y especializado. También exigió que se informe a sus familiares y representantes sobre los resultados de esa evaluación y que Duannis no siga expuesto a violencia, amenazas, intimidaciones o agresiones dentro del centro penitenciario.
La protección extendida a su madre refleja otro costado del castigo político en Cuba: el acoso a quienes defienden a los presos y denuncian sus abusos. La CIDH reclamó medidas con enfoque de género para que Taboada Ortíz pueda ejercer su labor de defensa de los derechos humanos sin ser blanco de amenazas, hostigamiento ni violencia.
Duannis, de 24 años, fue condenado a 14 años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. La sentencia por sedición comenzó en 21 años y luego fue rebajada a 14 mediante casación. La familia sostiene que el joven solo ejerció su derecho a manifestarse pacíficamente, mientras el régimen lo mantiene encarcelado por haber salido a la calle contra la tiranía.
El caso se volvió aún más visible cuando su madre se plantó frente a la prisión Combinado del Este, en La Habana, después de que le negaran la visita a un hijo que llevaba más de una semana en huelga de hambre. También denunció en marzo una agresión sexual y maltratos en la unidad policial del Capri, tras acudir a una citación de las autoridades. Su historia resume la cadena de represalias que el aparato represivo extiende sobre las familias de presos políticos en Cuba.
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