Oscar Pérez-Oliva Fraga volvió a vender como apertura una medida que nace atrapada por el mismo control estatal de siempre: llevar dinero de cubanos residentes en el exterior a una economía que el régimen sigue cerrando con leyes, permisos y burocracia.
El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera presentó un paquete dirigido a sumar a la diáspora en fondos de inversión, asociaciones con empresas privadas cubanas, proyectos agrícolas y operaciones en el sector financiero y de activos virtuales. Sobre el papel, el anuncio busca dar imagen de flexibilidad. En la realidad, tropieza con un país donde el Estado regula, controla y aprieta cada paso del dinero.
Pérez-Oliva Fraga habló de descentralización, de mayor participación del capital extranjero y de diversificación del sector privado. Pero la Constitución de 2019 deja sentado que en Cuba rige una economía socialista con dirección planificada y control estatal del mercado. En ese marco, la supuesta descentralización suena a propaganda económica, no a cambio de fondo.
El anuncio también abrió una puerta que hasta ahora estaba cerrada: permitir que cubanos en el exterior se asocien con empresas privadas cubanas a través de compañías constituidas fuera de la Isla. Sin embargo, esa novedad choca con la propia arquitectura legal del régimen. Si la Ley 118 no reconoce ese esquema, cualquier avance quedará pendiente de una reforma que el poder puede encauzar o vaciar según le convenga.
El problema de fondo es la desconfianza. Cuba carga con una economía golpeada por la ineficacia monetaria, la inflación, la escasa capacidad de ahorro y un sistema bancario distorsionado. A eso se suma la inseguridad jurídica: fondos que entrarían en un circuito vigilado por el Estado, licencias sujetas al Banco Central y una maquinaria administrativa que convierte cada trámite en un viacrucis para cualquier inversor.
La misma limitación aparece en la agricultura. El régimen ofrece usufructo sobre la tierra, pero no propiedad. La Constitución mantiene restricciones que bloquean la compraventa libre de ese bien y frenan cualquier apuesta seria por la producción de alimentos. Con ese andamiaje, hablar de modernización rural es insistir en una fórmula agotada.
El discurso oficial volvió a culpar al bloqueo estadounidense de la crisis y a presentarlo como el principal obstáculo para las transformaciones económicas. Esa versión oculta lo esencial: Cuba sí comercia, sí recibe inversiones y sí atrae turistas de muchos países. Lo que ahuyenta el capital es la gestión del régimen, sus incumplimientos y la falta de garantías reales para quien ponga un centavo en la Isla.
Por eso esta nueva ofensiva hacia la diáspora nace debilitada. No habrá confianza mientras el régimen use la ley como herramienta de control y no como respaldo para la inversión. Sin libertad económica, sin propiedad protegida y sin instituciones independientes, cualquier llamado a invertir en Cuba seguirá condenado al fracaso.
Oscar Pérez-Oliva Fraga anunció medidas para atraer capital de la diáspora, pero chocan con el control estatal, la inseguridad jurídica y la falta de libertad en Cuba.[8][
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