El régimen cubano anunció nuevas medidas para permitir que los cubanos residentes en el exterior entren con más fuerza en la economía de la Isla, con acceso a negocios privados, proyectos productivos y operaciones dentro del sistema financiero nacional. La decisión llega en medio de la crisis económica y energética que golpea al país y confirma hasta qué punto La Habana busca oxígeno fuera de la Isla mientras mantiene intacto el control interno.
Las disposiciones fueron presentadas en Mesa Redonda por el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien ya había adelantado el tema en una entrevista con NBC News. El funcionario aseguró que Cuba está abierta a una relación comercial fluida con empresas estadounidenses y también con los cubanos radicados en Estados Unidos y sus descendientes.
El paquete anunciado deja entrar a los emigrados como socios o propietarios de empresas privadas, incluso sin residencia efectiva en Cuba. Ese alcance incluye negocios pequeños y proyectos de mayor escala, entre ellos iniciativas vinculadas a infraestructuras, un terreno que el régimen trata de mover a toda prisa por la falta de capital, de inversión y de resultados concretos en la economía doméstica.
También se habilitan formas de asociación con empresas cubanas, tanto estatales como privadas, en un intento por ampliar los vínculos entre la diáspora y los actores económicos autorizados dentro del país. En el agro, las autoridades prevén entregar tierras en usufructo para proyectos productivos, una fórmula que vuelve a exhibir la dependencia del régimen de recursos externos para sostener sectores que no levanta con sus propios medios.
La medida incluye además la apertura del sistema financiero nacional a cubanos residentes fuera de la Isla. Según lo divulgado, podrán abrir cuentas en divisas en los bancos cubanos para mover dinero asociado a inversiones y actividades empresariales. En un país donde el acceso real a divisas, crédito y garantías sigue estrangulado por el propio aparato estatal, la promesa suena menos a reforma de fondo que a búsqueda desesperada de liquidez.
Pérez-Oliva explicó que estos cambios apuntan a crear un “entorno empresarial dinámico” para revitalizar sectores como el turismo, la minería y la modernización del sistema eléctrico. La lista revela el estado ruinoso de áreas estratégicas que el régimen ha sido incapaz de sostener sin recurrir a parches, anuncios y maniobras propagandísticas.
El trasfondo político es claro: La Habana intenta abrir la puerta al dinero de los cubanos del exterior mientras mantiene sobre la Isla el mismo modelo de control centralizado que ahoga la producción, castiga la iniciativa y expulsa a millones. El régimen quiere captar inversión y remesas productivas, pero sin desmontar la estructura que provocó el colapso económico que ahora pretende aliviar con la diáspora.
Las nuevas decisiones llegan, además, después de que el régimen admitiera estar dialogando con Washington. En ese tablero, La Habana busca presentarse como interlocutor flexible justo cuando la crisis interna la obliga a vender apertura donde antes imponía cerrojo. El giro confirma una vez más que el castrismo solo afloja cuando la escasez lo acorrala.
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