El congresista Mario Díaz-Balart afirmó que existen pruebas suficientes, incluidas declaraciones y grabaciones, para sostener que Raúl Castro dio la orden de atacar las aeronaves derribadas el 24 de febrero de 1996, un hecho que dejó cuatro muertos, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses.
La denuncia vuelve a colocar en el centro una de las páginas más oscuras del castrismo y reabre la exigencia de justicia sobre una acción que terminó en muerte y que, según el legislador, no puede seguir escondida detrás de la impunidad política. Cuando un dirigente del Congreso estadounidense habla de pruebas y apunta directamente a la cúpula del régimen, el asunto deja de ser una memoria lejana y se convierte en una acusación que compromete a quienes tomaron decisiones desde el poder en La Habana.
El caso también expone la lógica con que el régimen ha administrado durante décadas sus actos de fuerza: silencio oficial, blindaje político y ausencia de rendición de cuentas. La muerte de tres ciudadanos estadounidenses y de otra víctima en aquel ataque sigue marcando una deuda moral y judicial que no se borra con propaganda ni con la narrativa de héroes y enemigos que el castrismo ha querido imponer alrededor de sus crímenes.
Para la oposición cubana y para las familias de las víctimas, la insistencia de Díaz-Balart insiste en un punto incómodo para la dictadura: los abusos del poder no se disuelven con el tiempo. Si hubo órdenes, responsables y grabaciones, el reclamo de justicia no pertenece al pasado; sigue apuntando al aparato que convirtió la violencia política en método de gobierno.
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