Díaz-Canel salió este viernes a estirar en público lo que ya era un secreto a voces: el régimen sostiene conversaciones con Estados Unidos y quiere presentarlas como un proceso largo, sensible y guiado desde arriba por Raúl Castro. La comparecencia buscó controlar la lectura política del tema antes de que hablen los estadounidenses, pero dejó la misma impresión de siempre: La Habana gana tiempo mientras la crisis interna sigue sin respuesta.
El mandatario insistió en que el diálogo está apenas en fase inicial y pidió discreción, aunque al mismo tiempo trató de fijar sus propias reglas. Habló de igualdad entre sistemas, soberanía, autodeterminación y reciprocidad, como si la naturaleza del régimen pudiera ponerse al mismo nivel que la de una democracia que sí rinde cuentas, compite en las urnas y cambia de gobierno. Esa es la vieja fórmula castrista: exigir reconocimiento político mientras mantiene intacto el poder de una familia y de una cúpula que nunca se ha sometido a elecciones libres.
Detrás de esa puesta en escena está la urgencia económica. Díaz-Canel dejó claro que el proceso también sirve para ganar tiempo en medio de la escasez, la falta de combustible y el colapso de la vida diaria. El régimen vuelve a apostar por la conversación externa mientras la población sigue pagando los apagones, la parálisis productiva y el desgaste de un país que vive administrando carencias.
La comparecencia terminó convertida, además, en un recorrido por la ruina energética. El propio Díaz-Canel admitió que el sistema eléctrico sufre por la imposibilidad de acceder al combustible en el mercado internacional y por la fragilidad de las plantas de generación distribuida. No ofreció una salida real ni una fecha para el fin de los apagones. Habló de proyectos renovables y de prioridades para los servicios esenciales, pero la realidad quedó intacta: Cuba sigue a oscuras mientras el régimen explica la escasez con consignas y cifras sueltas.
También reconoció el golpe que la crisis eléctrica le da a la producción y al empleo. Se refirió a ajustes laborales, reubicaciones y cambios de funciones para trabajadores afectados, incluso con tareas improvisadas como recoger basura o participar en obras municipales. Ese es el retrato de fondo: un Estado incapaz de organizar la economía, pero dispuesto a mover gente de un lado a otro para tapar sus propios fracasos.
En el plano empresarial, habló de reservas, utilidades y fondos de compensación como si el salario pudiera sostenerse con fórmulas contables. La protección laboral, según su relato, dependería de recursos internos y del presupuesto estatal. En la práctica, ese discurso confirma la precariedad del modelo: empresas quebradas, trabajadores ajustados a la fuerza y un aparato oficial que sigue trasladando el costo de la crisis sobre los mismos de siempre.
La educación tampoco salió bien parada. Díaz-Canel admitió afectaciones serias en escuelas y universidades por los apagones, la falta de combustible para mover profesores y estudiantes, el déficit de alimentos y la ausencia de herramientas tecnológicas. Reconoció molestias entre alumnos, docentes y familias, pero sin una solución a la vista. Cuando un poder que se presenta como dueño de la “prioridad revolucionaria” no puede sostener ni las aulas, la propaganda queda desnuda y el fracaso se vuelve cotidiano.
El mandatario también dedicó espacio a la relación con los cubanos en el exterior, a quienes definió como parte activa de la nación. Prometió nuevas medidas para facilitar su participación en el desarrollo económico y social, como si ahora descubriera el valor de una diáspora que el régimen ha utilizado durante años solo cuando le conviene. En ese terreno, la cúpula vuelve a abrir la puerta selectivamente, buscando recursos, inversión y oxígeno político desde fuera.
Otro pasaje de la comparecencia estuvo centrado en las donaciones. Díaz-Canel defendió, una vez más, la supuesta transparencia del sistema castrista para distribuir ayudas internacionales y rechazó las denuncias sobre desvíos o manipulación. Aseguró que los recursos van a los más vulnerables, a la salud, la educación y los servicios sociales, y que existen auditorías y controles. La insistencia en blindar esa imagen revela el nervio del asunto: si se rompe la fachada de honestidad, se seca una de las pocas vías de entrada de auxilio externo que le quedan al régimen.
Al final, no faltó la dosis de seguridad y amenaza. Díaz-Canel habló de la infiltración armada por las costas de Villa Clara, denunció supuestos fines terroristas y sostuvo que los implicados reconocieron su participación. También dijo que dos detenidos figuran en la lista nacional de terroristas y que hubo información compartida con Estados Unidos. Con esa mezcla de acusación y cooperación, el régimen volvió a usar el expediente de la seguridad como instrumento político, mientras intenta mostrar firmeza hacia afuera y control hacia adentro.
La comparecencia dejó una conclusión incómoda para La Habana: el régimen necesita negociar porque no tiene soluciones internas. Necesita hablar de soberanía porque no puede ofrecer bienestar. Necesita pedir discreción porque teme que la conversación se convierta, otra vez, en un recurso para ganar tiempo sin ceder poder. Y necesita insistir en transparencia, control y responsabilidad porque su crisis ya no cabe debajo del discurso oficial.
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