Miguel Díaz-Canel volvió a admitir desde el Consejo de Ministros que la economía cubana necesita transformaciones urgentes, en un reconocimiento que llega cuando el país sigue hundido en apagones, escasez de combustible y una caída productiva que golpea de frente la vida diaria. El régimen habla ahora de cambios, pero lo hace después de empujar a la isla a una crisis que ya desbordó los márgenes de cualquier propaganda oficial.
El mandatario pidió más autonomía para los municipios y para el sector privado, mayor inversión extranjera en energía y un “redimensionamiento del aparato estatal”. También reclamó una “estabilización macroeconómica” y más producción de alimentos, mientras la población lidia con el encarecimiento de la comida, la parálisis del transporte y la falta de servicios básicos.
La dimensión del problema quedó expuesta en las propias consecuencias que describió la nota: apagones que prácticamente han paralizado la economía, horarios escolares recortados, cirugías suspendidas en hospitales, menos transporte público y límites en la venta de gasolina. Con esa presión encima, miles de cubanos han tenido que ir al trabajo en bicicleta o caminando, mientras toneladas de alimentos importados quedan retenidas en los puertos y los precios siguen subiendo.
La admisión de Díaz-Canel confirma el agotamiento de un modelo centralizado que durante años prometió reformas y luego frenó cada paso por miedo a perder control político. El problema de fondo sigue ahí: el régimen quiere mover piezas en la economía sin soltar el monopolio del poder, y esa fórmula ya demostró que solo produce parches, atraso y más dependencia.
El golpe de Washington también pesa sobre este escenario. A principios de este año, el gobierno de Trump bloqueó los envíos de combustible desde Venezuela y anunció aranceles para cualquier país que venda petróleo a Cuba, dejando a la isla casi aislada de nuevas importaciones. Esa presión agravó la escasez energética y expuso la fragilidad de una economía incapaz de sostenerse sin muletas externas.
La apertura limitada al sector privado, iniciada en 2021 con la creación de pequeñas y medianas empresas, tampoco ha resuelto el fondo del desastre. Aunque hoy existen más actividades privadas que antes, siguen operando bajo techo político y reglas estrechas. Por eso el propio Díaz-Canel vuelve ahora a pedir más espacio para el emprendimiento y para la inversión de los cubanos en el exterior, después de años de freno burocrático y de desconfianza oficial hacia cualquier iniciativa que no dependa del Estado.
Ricardo Torres, economista de origen cubano en la American University, calificó el discurso como un cambio para que todo siga igual. Carlos Miguel Pérez Reyes, empresario y diputado cubano, admitió que hacía falta un programa claro, con prioridades, responsables y plazos. Ese contraste entre lo que el poder anuncia y lo que realmente ejecuta resume el dilema cubano: el régimen reconoce el colapso, pero sigue sin tocar la raíz del problema.
Lo que queda a la vista es un gobierno que pide urgencia después de haber convertido la economía en rehén de su propio control. Las palabras de Díaz-Canel no describen una corrección de rumbo; confirman una crisis profunda que ya castiga a familias, hospitales, escuelas y trabajadores, y que el castrismo intenta administrar sin ceder el control que la provocó.
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