La economía de subsistencia que impone el régimen en Cuba ya no castiga solo a los hogares y los servicios básicos. También está complicando la operativa de las empresas españolas que todavía intentan sostener negocios en la Isla, atrapadas entre escasez, trabas y un aparato estatal que no ofrece estabilidad mínima.
El golpe para esas compañías viene de un país donde faltan insumos, sobran restricciones y el control oficial sigue pesando sobre cada paso de la actividad económica. En ese terreno, trabajar con normalidad se vuelve casi imposible. Las demoras se acumulan, las interrupciones se hacen rutina y las pérdidas terminan convirtiéndose en parte del negocio.
Lo que describe este caso encaja con una realidad conocida dentro y fuera de Cuba: el régimen ha empujado la economía a una lógica de supervivencia. En lugar de crear condiciones para producir, invertir y operar, mantiene un sistema atado a la burocracia, a la carencia y a la improvisación. El resultado no solo golpea al consumo interno, también deteriora la confianza de quienes todavía apuestan por moverse en el mercado cubano.
La asfixia de las empresas españolas expone otro ángulo del fracaso económico del castrismo. El modelo no logra sostener ni siquiera a los socios que intentan hacer negocios bajo sus reglas. La Isla aparece así como un espacio cada vez más hostil para la inversión, donde la escasez manda y el Estado administra la ruina en nombre de un control que no resuelve nada.
Detrás de ese deterioro quedan los trabajadores, los consumidores y también las compañías extranjeras obligadas a operar en un entorno sin garantías. Cuba sigue pagando el costo de un sistema que ha convertido la precariedad en norma y la intervención estatal en obstáculo permanente para cualquier actividad productiva.
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