Estados Unidos abrió la puerta a cinco compañías para explotar y refinar petróleo y gas en Venezuela, pero les cerró al mismo tiempo cualquier negocio vinculado con Cuba. La decisión golpea de frente a La Habana, que vuelve a quedar aislada de un flujo energético que durante años le sirvió de salvavidas político y económico.
Las empresas autorizadas son Repsol, Eni, Shell, BP y Chevron. Con la luz verde de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, podrán operar y suministrar bienes, servicios o tecnología dentro de la industria venezolana, aunque con límites precisos: no podrán hacer transacciones con buques sancionados ni con entidades relacionadas con Rusia, China, Irán, Corea del Norte o Cuba.
El mensaje de Washington es claro. Mientras flexibiliza el margen de maniobra para mover petróleo en Venezuela, estrecha el cerco sobre el régimen cubano, al que hasta hace poco todavía le quedaban rendijas para respirar por la vía del crudo aliado. La nueva licencia convierte esa dependencia en una presión adicional y deja otra vez expuesta la fragilidad de la matriz energética de la Isla.
La medida llega justo después de una visita oficial a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien se reunió con representantes de Chevron y con la cúpula chavista, incluida Delcy Rodríguez. En paralelo, la Casa Blanca emitió otra licencia para que empresas de todo el mundo puedan firmar contratos de nuevas inversiones en el sector petrolero y gasístico venezolano.
Para Cuba, el impacto va más allá de una disputa comercial. El régimen pierde espacio en una cadena de suministros que ya venía golpeada y queda más atado a una crisis energética que se traduce en apagones, transporte debilitado y más castigo cotidiano para la población. Cada restricción de este tipo desnuda la misma realidad: una economía sin respaldo propio, sostenida durante años por alianzas políticas y hoy cada vez más vulnerable.
La presión de Washington también se apoya en la reciente declaratoria de emergencia nacional respecto a Cuba. Trump sostuvo que las políticas y acciones de La Habana representan una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y la Casa Blanca afirmó que la Isla alberga una instalación rusa de inteligencia de señales y da refugio seguro a grupos terroristas transnacionales.
Sobre esa base, la orden ejecutiva contempla un sistema arancelario que permitiría imponer un gravamen adicional a importaciones procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, directa o indirectamente. También deja abierta la posibilidad de modificar la medida si el Gobierno cubano da pasos significativos y se alinea suficientemente con Washington en materia de seguridad nacional y política exterior.
El resultado inmediato es otro golpe a la ya maltrecha capacidad del régimen para sostener su aparato energético. Y, como tantas veces, la factura termina cayendo sobre los cubanos, que pagan con más escasez, más cortes eléctricos y más deterioro de la vida diaria las decisiones de un poder incapaz de sostener al país por sus propios medios.
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