El preso político del 11J Luis Miguel Oña Jiménez murió en La Habana con 27 años, pocos días después de recibir una licencia extrapenal cuando su estado de salud ya era crítico. El joven, condenado por sedición a 12 años de cárcel, había pasado más de cuatro años preso en condiciones que agravaron su deterioro físico hasta terminar en una isquemia cerebral.
La muerte vuelve a poner sobre la mesa el costo humano de la represión contra los manifestantes del 11 de julio. Oña Jiménez salió a protestar en La Güinera, en Arroyo Naranjo, fue detenido al día siguiente y desde entonces quedó atrapado en la maquinaria punitiva del régimen: condena severa, encierro prolongado y abandono médico dentro de prisión.
Según la denuncia difundida por Prisoners Defenders, el joven estuvo recluido en la prisión de Panamá, en Güines, donde también se encuentran pacientes de VIH-sida. Durante ese tiempo sufrió mala alimentación, maltratos y falta de atención médica. Su salud se fue resquebrajando hasta que la isquemia lo dejó en estado crítico, sin poder mover la boca, las manos ni los pies.
La licencia extrapenal llegó cuando ya era evidente que la cárcel había hecho su trabajo más cruel: desgastar al preso hasta dejarlo al borde de la muerte. Activistas y opositores han descrito ese patrón como una salida de conveniencia para el régimen, que libera al enfermo cuando la responsabilidad ya puede esconderse detrás de una cama de hospital o de una casa familiar. La denuncia es directa: no hubo clemencia, hubo encubrimiento.
El propio entorno de activistas sostuvo que fue enviado primero al hospital Julio Trigo y luego desahuciado para regresar a su casa, donde murió tres días después. Avana de la Torre acusó a la dictadura de sacar de prisión a Oña Jiménez cuando su estado ya era irreversible y de repetir una práctica que evita asumir públicamente la muerte de un detenido bajo custodia.
El caso deja al desnudo la lógica del castigo político en Cuba. A los jóvenes del 11J no solo se les impusieron penas ejemplarizantes; también se les dejó sin garantías mínimas dentro de un sistema penitenciario que castiga, enferma y abandona. Oña Jiménez salió de la cárcel para morir fuera de sus muros, pero la responsabilidad sigue siendo del aparato represivo que lo quebró durante años de encierro.
La condena original fue dictada por el Tribunal Provincial de La Habana y después el Tribunal Supremo redujo dos años la pena en casación por la edad que tenía entonces el acusado, 23 años. Ni esa rebaja cambió la esencia del caso: un cubano que protestó por libertad terminó muerto después de pasar por prisión, en un país donde la represión no termina con la sentencia.
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