La Embajada de Estados Unidos en Venezuela confirmó la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses que seguían detenidos en el país, después de que Delcy Rodríguez anunciara una ley de amnistía general desde el poder interino instalado tras la captura de Nicolás Maduro. El gesto abre una nueva etapa de canjes, excarcelaciones y maniobras políticas en un aparato chavista que intenta vender reconciliación mientras arrastra años de represión y presos por razones políticas.
La sede diplomática informó en su cuenta oficial que las autoridades interinas habían dejado en libertad a los estadounidenses conocidos que permanecían encarcelados. También pidió a cualquiera con información sobre otros ciudadanos aún retenidos que se comunique con sus servicios consulares, señal de que Washington sigue rastreando casos pendientes dentro de un sistema de detención usado durante años como herramienta de presión.
El anuncio de Rodríguez llegó pocas horas antes. Durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia, y sin acceso para la prensa, la presidenta interina dijo que promulgaba una amnistía general para “favorecer la convivencia nacional” y cerrar los procesos contra presos políticos, militares y civiles detenidos en los últimos años. La medida, según su propia explicación, busca borrar las causas judiciales de los beneficiados y abarcaría un perdón más amplio que las excarcelaciones de semanas recientes.
Rodríguez aclaró, además, que la amnistía no alcanzará a condenados por homicidio, narcotráfico ni delitos comunes. La norma todavía debe ser debatida y aprobada por la Asamblea Nacional, previsiblemente la próxima semana, aunque la autoridad interina aseguró que las liberaciones ya comenzaron como parte del proceso de reconciliación política posterior a la caída de Maduro.
En el mismo acto anunció que El Helicoide, una de las prisiones más temidas del chavismo y símbolo del castigo político en Venezuela, será convertido en un “centro de servicios sociales y deportivos”. El mensaje intenta maquillar décadas de encierro, tortura psicológica y persecución estatal con una operación de propaganda que busca cerrar en falso el capítulo represivo.
La decisión llega tras semanas de presión internacional y de negociaciones discretas con Washington, bajo la supervisión de Marco Rubio y Donald Trump, que han atado el avance de la transición venezolana a la liberación de presos políticos y ciudadanos estadounidenses. Según cifras de organizaciones defensoras de derechos humanos, más de 600 personas habrían sido excarceladas por razones políticas hasta esta semana, aunque los defensores de los detenidos reducen esa cifra a unas 300. Miles más continúan bajo medidas cautelares o en exilio forzado.
Estados Unidos mantiene abierta su línea consular para verificar si aún quedan ciudadanos suyos retenidos en centros de detención o bajo vigilancia judicial. Al mismo tiempo, insiste en que la transición debe conducir a una Venezuela libre y democrática, en contraste con la herencia autoritaria que dejó el chavismo y que todavía condiciona la vida de miles de familias.
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