La denuncia contra el régimen cubano volvió a subir de tono tras conocerse reportes sobre torturas y violación contra el preso político Onaikel Infante Abreu dentro de la prisión de Agüica. Washington calificó de barbaridad los abusos y apuntó directamente a La Habana como responsable de la violencia que sigue sufriendo la oposición encarcelada en la isla.
Infante Abreu cumple una condena de ocho años por haberse plantado pacíficamente en la azotea de su casa y desplegar una sábana con consignas contra la dictadura. Aquel gesto, visible y desafiante, bastó para que lo persiguieran, lo sometieran a un proceso penal y lo terminaran encerrando con cargos fabricados de “propaganda contra el orden constitucional”, “desacato” y “atentado”. La fiscalía llegó a pedir entre 15 y 20 años de privación de libertad.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado incluyó el caso dentro de la campaña Injustamente detenido, diseñada para exponer el trato brutal que reciben los presos políticos cubanos. Desde esa instancia, la Administración Trump afirmó que seguirá denunciando los crímenes de la dictadura, exigiendo responsabilidades y respaldando al pueblo cubano, que merece vivir libre de tiranía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había expresado preocupación por el estado de salud del recluso y advirtió, a partir de información recibida, que también habría sido víctima de violencia sexual pese a encontrarse aislado. La CIDH pidió su liberación inmediata e incondicional, junto con la de todas las personas detenidas arbitrariamente en Cuba.
El caso de Infante Abreu resume el método del régimen: criminalizar una protesta pacífica, imponer una sanción desproporcionada y después dejar al preso a merced del aparato carcelario. La prisión de Agüica, en Matanzas, aparece ahora como otro escenario de castigo político, donde la represión no termina con la sentencia y se prolonga detrás de los barrotes.
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