El Buró de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos revocó dos licencias que autorizaban envíos de vehículos y otros bienes a Cuba, tras concluir que las exportaciones realizadas bajo esos permisos rebasaron con creces lo autorizado. Las decisiones quedaron recogidas en dos cartas oficiales firmadas por Julia Khersonsky, subsecretaria adjunta para Comercio Estratégico, con fechas 4 de junio de 2025 y 3 de noviembre de 2025.
Los documentos fueron difundidos este lunes por Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, y exhiben el alcance de los excesos cometidos por las empresas beneficiadas. En el caso de Katapulk Marketplace, LLC, el BIS informó a Hugo Cancio que anulaba la licencia D1325305 luego de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza inspeccionara, detuviera y confiscara un envío identificado con el número 2025SZ0021754. La agencia sostuvo que bajo ese permiso se habían enviado 224 vehículos, aunque la autorización solo cubría 100 vehículos híbridos y de gasolina hacia Cuba.
La licencia de Katapulk también permitía la comercialización de motos, camiones y remolques, autobuses, equipamiento de construcción y equipamiento agrícola en la isla. Cancio figura además como propietario de Fuego Enterprises Inc., con sede en Miami, dueña de las revistas OnCuba y Art OnCuba, así como de la propia Katapulk, presentada originalmente como una tienda en línea de comida y recargas telefónicas.
La segunda carta, dirigida a Alejandro Martínez Pardo y vinculada con Maravana Cargo, Inc., revocó la licencia D1331933. Según el BIS, ese permiso autorizaba la exportación, reexportación o transferencia dentro del país de vehículos híbridos y de gasolina, junto con una lista de artículos asociados al sector automotor y agrícola con destino a Maracuba Cargo SRL en Cuba. La agencia determinó que el volumen exportado excedió de manera drástica lo permitido, con aproximadamente 140 vehículos de gasolina e híbridos y 337 motocicletas por encima del límite autorizado.
En ambos casos, el BIS dejó claro que la revocación surtía efecto de inmediato. Además, ordenó que cualquier envío en tránsito al amparo de esas licencias debía ser devuelto a Estados Unidos o, de lo contrario, redirigido o detenido conforme a las Regulaciones de Administración de Exportaciones. Las cartas también abrieron la posibilidad de apelación dentro de los 45 días posteriores a su emisión.
El episodio vuelve a dejar al descubierto el negocio opaco que suele rodear ciertas operaciones hacia Cuba, donde la dictadura aprovecha cada resquicio, cada permiso y cada vacío de control para alimentar circuitos privilegiados, mientras el cubano de a pie sigue atrapado en la escasez, el transporte ruinoso y el desabastecimiento. Cuando Washington detecta y frena abusos de este tipo, no solo protege su marco legal: también expone una red de intereses que intenta convertir las restricciones en una oportunidad para lucrar con la necesidad de la isla.
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