España negó este miércoles que haya cambiado su postura sobre el uso de sus bases militares por parte de Estados Unidos, después de que la Casa Blanca asegurara que ambos países ya cooperan en la operación contra Irán. El cruce dejó al descubierto una tensión abierta entre el gobierno de Pedro Sánchez y Washington, con amenaza de represalias económicas incluida.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que España había acordado cooperar con el Ejército estadounidense y que ambas fuerzas se estaban coordinando en la operación militar. Pero el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, salió a desmentir esa versión y sostuvo que la posición de Madrid sobre “el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma”. En pocas horas, el choque de declaraciones convirtió una decisión militar en una disputa política de alcance mayor.
Desde La Moncloa, Sánchez reforzó el mensaje de rechazo a la guerra y dijo que su gobierno “está estudiando posibles escenarios y medidas” para ayudar a hogares, trabajadores, empresas y autónomos si el conflicto golpea la economía. También aseguró que no serán “cómplices” de una acción que considera contraria a los valores e intereses de España. La respuesta dejó claro que el pulso con Washington no se limita al plano militar: también amenaza con pasar factura en el bolsillo.
Donald Trump elevó la presión al advertir que podría cortar el comercio con España tras la negativa a permitir el uso de las bases en la operación “Furia Épica” en Irán. El presidente estadounidense dijo que el país europeo no es indispensable para sus planes, descalificó al liderazgo de Sánchez y dejó abierta la puerta a medidas económicas. Esa amenaza coloca a Madrid ante una mezcla de chantaje diplomático y castigo comercial.
El episodio revela hasta qué punto una disputa sobre bases militares puede escalar en cuestión de horas y arrastrar a un gobierno entero a la defensa pública de su posición. España intenta sostener su negativa a colaborar en la guerra, mientras la Casa Blanca habla de cooperación ya acordada y Trump aprieta con represalias. En ese forcejeo queda expuesta la fragilidad de los equilibrios cuando Washington decide usar su poder político y económico al mismo tiempo.
La reacción de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que rechazaron la postura de Sánchez, añadió un frente interno a la crisis. La oposición española se movió rápido para cuestionar al gobierno en plena escalada con Estados Unidos, lo que agrava la presión sobre La Moncloa. El caso muestra cómo una decisión de política exterior termina atravesada por cálculos domésticos y por el costo político de enfrentar a la Casa Blanca.
Para Cuba, este choque deja una lección incómoda para el régimen: la soberanía no se sostiene con propaganda ni con consignas antiestadounidenses repetidas durante décadas. España discute públicamente el uso de sus bases, asume el costo de su postura y da explicaciones a su población; La Habana, en cambio, ha convertido la subordinación ideológica, el aislamiento y el control político en una forma de supervivencia del poder.
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