Excarcelados del 11J denuncian censura como condición de libertad

Varios excarcelados del 11J han denunciado que el régimen les impone una mordaza política como precio de la libertad condicional: no publicar en redes sociales, limitar sus movimientos y aceptar vigilancia sobre su vida diaria. El caso más visible es el de Juan Pablo Martínez, uno de los manifestantes condenados por las protestas de Güira de Melena, en Artemisa.

Martínez, de 32 años, salió de prisión de forma inesperada tras cumplir casi cinco años de una sentencia de 11 años por desorden público y sabotaje. Antes de salir, tuvo que firmar un documento con prohibiciones precisas, entre ellas no relacionarse con personas catalogadas como “delincuentes” y no subir contenido a redes sociales. El mensaje del régimen es claro: la excarcelación llega atada a obediencia política y control fuera de la cárcel.

La llamada libertad condicional tampoco lo devuelve a una vida normal. El excarcelado deberá moverse entre su casa y el trabajo que le asigne el Estado, y comparecer el 25 de marzo ante el tribunal para recibir una ubicación laboral obligatoria. En la práctica, el castigo no termina con la salida del penal; cambia de forma y se traslada a la calle, donde el aparato estatal sigue marcando cada paso.

Durante su encarcelamiento, Martínez pasó por el Combinado del Este, la llamada Zona Cero y el campamento de trabajo forzado Ceiba 5, en Caimito del Guayabal, donde permaneció cerca de dos años. Su recorrido por varios centros penitenciarios vuelve a dejar expuesto el costo humano de la represión desatada contra los cubanos que salieron a protestar el 11 de julio de 2021.

El caso también revela el uso político de las excarcelaciones en medio de presiones internacionales y gestiones diplomáticas, incluidas conversaciones vinculadas al Vaticano. El régimen presenta esos movimientos como gestos humanitarios, pero conserva el control sobre los liberados mediante restricciones, amenazas y supervisión. Las organizaciones de derechos humanos han advertido además que muchos opositores siguen presos o sometidos a condiciones similares tras salir de prisión.

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