La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incorporó a su lista de represores al fiscal Edward Roberts Campbell y a la jueza Paula Joaquina Rodríguez Sánchez, ambos vinculados al proceso contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández. La medida vuelve a poner bajo escrutinio a dos piezas del aparato judicial del régimen, usadas para dar forma legal a decisiones políticas.
Roberts Campbell sostuvo la acusación que terminó en la condena de Gil y ocupa desde diciembre de 2020 la jefatura de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades de la Fiscalía General de la República. Desde ese cargo, el régimen pretende exhibir una supuesta ofensiva contra la corrupción, mientras sostiene una justicia selectiva que golpea con dureza a quienes considera incómodos.
La propia FHRC lo vincula además con la petición de 10 años de prisión contra Sulmira Martínez Pérez, conocida como “Salem de Cuba”, una joven influencer y activista juzgada por publicaciones críticas en redes sociales. Su caso muestra cómo la Fiscalía se convierte en instrumento de castigo contra la disidencia digital y contra cualquier voz que desafíe el control político impuesto por la dictadura.
La denuncia tomó más fuerza cuando el periodista Mario Pentón difundió una captura de pantalla atribuida a Gabriela Roberts Molinet, hija del fiscal, en la que ofrecía servicios de remesas, transferencias y venta de dólares en Cuba a la tasa del mercado informal reflejada por El Toque. La publicación dejó al descubierto la doble moral de los operadores del régimen: represión para los ciudadanos y negocios privados en la misma realidad que el poder finge combatir.
Rodríguez Sánchez también quedó marcada por su participación directa en la sentencia contra Gil. Integrante de la Sala de Delitos de la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, fue quien dictó la cadena perpetua y ha intervenido en la revisión y ratificación de condenas contra manifestantes del 11J, incluidos jóvenes castigados en procesos donde el castigo político se impuso sobre el debido proceso.
La jueza ha formado parte además de delegaciones oficiales ante organismos internacionales, donde defendió el sistema penal cubano frente a denuncias de torturas, tratos crueles y violaciones sistemáticas de derechos humanos contra presos políticos. Esa combinación de propaganda exterior y represión interna define el papel de funcionarios que sirven a la maquinaria del régimen.
El juicio contra Alejandro Gil Fernández se llevó con un secretismo absoluto. El Tribunal Supremo Popular anunció cadena perpetua por espionaje, cohecho y otros delitos vinculados a la actividad económica, además de 20 años adicionales en otra causa, confiscación de bienes y privación de derechos públicos. Aun así, las autoridades no han explicado con transparencia cuáles fueron los beneficios personales atribuidos a Gil, qué firmas extranjeras quedaron involucradas, qué funcionarios habrían recibido sobornos ni qué información clasificada supuestamente manejó.
Ese silencio oficial alimenta la sospecha de un proceso usado como escarmiento en medio del derrumbe económico del país. Mientras el régimen reparte hambre, control y miedo, el caso Gil quedó convertido en otra muestra de su justicia política: castigo selectivo, opacidad y ausencia de respuestas.
La FHRC sostiene que la inclusión de Roberts Campbell y Rodríguez Sánchez en su base de datos busca dejar constancia de la responsabilidad individual de jueces y fiscales que sostienen la represión desde cargos formales y abrir el camino a futuras rendiciones de cuentas.
Sé el primero en comentar