Roberto Azcorra Consuegra salió a desmentir al MININT y aseguró que no iba a bordo de la lancha rápida abatida al norte de Corralillo, en Villa Clara. El cubano, que dijo estar en Estados Unidos, apareció en una lista oficial de detenidos vinculada al incidente y afirmó que nunca estuvo arrestado ni en la embarcación que el régimen presentó como parte de una supuesta operación armada.
Su testimonio golpea la credibilidad de una versión oficial que llegó cargada de acusaciones graves. El MININT habló de una infiltración con fines terroristas, pero el señalamiento sobre Azcorra abre una grieta seria en ese relato y deja al descubierto la improvisación con que el aparato represivo cubano arma y difunde sus partes cuando quiere cerrar un caso a su conveniencia.
Azcorra insistió en que el nombre incluido por las autoridades no corresponde a su presencia en el hecho y sugirió que pudo tratarse de una confusión con otra persona de nombre similar. También dijo que el episodio seguía siendo incierto para él y que no tenía explicación sobre por qué fue metido en la lista divulgada por el régimen.
El impacto de un señalamiento así va mucho más allá de una corrección tardía. Cuando el poder pone a alguien en una relación oficial de detenidos por un caso presentado como terrorista, esa marca queda flotando sobre su nombre, su familia y su seguridad personal. En Cuba, donde el Estado controla la información y usa los partes policiales como herramienta de presión política, ese tipo de acusación pesa como una condena pública antes de cualquier verificación seria.
La versión del MININT sostuvo que la lancha llevaba diez personas armadas, que fue “neutralizada” y que sus ocupantes pretendían infiltrar la Isla con fines terroristas. También dijo que se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, explosivos artesanales, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. Frente a ese relato, la negación de Azcorra no solo cuestiona un nombre: pone bajo sospecha la forma en que el régimen construye su narrativa y la entrega como verdad cerrada antes de sostenerla con hechos incontestables.
El caso también mantiene bajo presión la versión oficial sobre el enfrentamiento cerca de Cayo Falcones. Mientras La Habana hablaba de una embarcación hostil, en Estados Unidos una fuente citada por The New York Times describía la lancha como civil y orientada a evacuar familiares. Esa contradicción, sumada a la presencia dudosa de Azcorra en la lista del MININT, dibuja un episodio marcado por opacidad, propaganda y una evidente prisa del régimen por imponer su versión.
El propio MININT reconoció a varios supuestos ocupantes y solo identificó a uno de los cuatro fallecidos, mientras decía seguir trabajando en el resto de las identidades. El resultado es el de siempre: un Estado que controla el relato, señala primero y verifica después, y convierte cada vacío de información en terreno fértil para la manipulación política.
La reacción en Estados Unidos añadió más ruido al caso. Marco Rubio calificó el tiroteo como “altamente inusual”, y J. D. Vance admitió que faltaban detalles. Pero el fondo sigue siendo el mismo: un régimen que pretende presentarse como dueño de la verdad mientras exhibe fallas elementales al identificar a una persona y usa esa confusión para sostener una acusación de enorme peso político.
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