La Fiscalía cubana volvió a estirar el Código Penal contra una protesta vecinal por los apagones. En Villa Clara, el órgano acusador pide hasta nueve años de cárcel para seis cubanos que participaron en un cacerolazo pacífico en Encrucijada, una respuesta ciudadana que el régimen convirtió en expediente judicial.
Entre los acusados está el intelectual y periodista independiente José Gabriel Barrenechea. Todos enfrentan cargos por desórdenes públicos, según las conclusiones finales de la Fiscalía. Cinco permanecen en prisión provisional desde pocos días después de los hechos ocurridos el 7 de noviembre de 2024.
El juicio comenzó en la tarde con la declaración de los acusados. Activistas y familiares denunciaron además la detención del opositor Guillermo “Coco” Fariñas cuando se dirigía al tribunal para asistir a la vista, otro gesto de cerco político alrededor de un proceso marcado por la represión.
La propia acusación describe a los seis hombres, naturales de Encrucijada y de entre 26 y 53 años, como participantes en un cacerolazo con tres calderos, “toques incesantes” y gritos de “Pongan la corriente, queremos corriente”, aprovechando la falta de electricidad causada por la crisis electroenergética del país. La Fiscalía sostiene que esa protesta perturbó la tranquilidad ciudadana y obstaculizó el tráfico de vehículos por la vía pública.
Sobre esa base, solicita nueve años de cárcel para dos de los imputados, seis para Barrenechea, cinco para otro acusado, cuatro para un cuarto y cinco años de limitación de libertad para el sexto. Ninguno de ellos tiene antecedentes penales.
El caso de Barrenechea deja al descubierto el ensañamiento del aparato represivo. Fue detenido pocos días después del cacerolazo, le negaron la libertad a la espera del juicio y solo pudo salir de prisión para acudir al funeral de su madre, sin que le permitieran verla cuando ya estaba gravemente enferma.
La investigadora de Amnistía Internacional para Cuba, Johanna Cilano, denunció el proceso en redes sociales y recordó que la protesta es un derecho y que nadie debería terminar encarcelado por ejercerlo. También enlazó este juicio con otros recientes, como el de las protestas de Bayamo de marzo de 2024, donde 15 personas recibieron condenas de hasta nueve años por manifestarse.
Detrás de la persecución judicial queda la misma realidad de siempre: apagones de 20 horas o más en amplias zonas del país, centrales termoeléctricas averiadas, falta de combustible y una crisis energética que paraliza la vida cotidiana y golpea la economía de las familias. Frente a ese colapso, el régimen responde con castigo, no con soluciones.
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