El régimen volvió a usar el tribunal como herramienta de castigo político en Villa Clara. El preso político Yaser García López quedó concluso para sentencia después de un juicio en el que la Fiscalía pidió ocho años de cárcel: seis por “propaganda contra el orden constitucional” y dos por “desorden público”.
Cubalex informó sobre el proceso e identificó como juez ponente a Justo Gustavo Faife Hernández, del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara. La acusación quedó en manos del fiscal Frank Julio Cotilla Rodríguez, en una causa que exhibe el papel de la justicia cubana cuando se trata de sofocar la crítica y disciplinar la disidencia.
La organización denunció que el expediente vulnera derechos básicos, entre ellos la libertad de expresión, y que busca imponer un castigo ejemplarizante por la postura crítica de García López y sus publicaciones en redes sociales. En Cuba, el poder convierte la opinión en delito y después intenta darle apariencia legal a la persecución.
García López permanece detenido desde el 18 de marzo de 2025 por gritar consignas contestatarias y publicar mensajes críticos en redes sociales. Hoy sigue recluido en la prisión La Pendiente, en Santa Clara, mientras el aparato represivo del régimen convierte su caso en advertencia para cualquiera que se atreva a romper el silencio impuesto.
Ese mismo día trascendió además que la Fiscalía pidió condenas de hasta nueve años de cárcel contra seis hombres acusados de participar en un cacerolazo pacífico en Encrucijada, Villa Clara, en protesta por los apagones. Entre ellos figura el periodista independiente José Gabriel Barrenechea, imputado por “desórdenes públicos”, y cinco de los acusados siguen en prisión provisional desde los días posteriores a la protesta ocurrida el 7 de noviembre de 2024.
Según la acusación, los hombres encabezaron la manifestación con tres calderos y gritaron frases como “Pongan la corriente, queremos corriente”. El régimen pretende convertir una protesta ciudadana contra la crisis y los apagones en un expediente penal, con la misma lógica de siempre: reclamar derechos termina castigado con cárcel.
El caso de Yaser García López confirma la falta de garantías judiciales en Cuba y el uso del sistema penal como mecanismo de control político. Frente a una población agotada por la crisis económica y el colapso de los servicios, la dictadura responde con expedientes, prisión y condenas desproporcionadas.
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