El fiscal general de Florida abrió una investigación tras el ataque de autoridades cubanas contra una lancha matriculada en ese estado de EE.UU., un incidente que dejó cuatro muertos y seis heridos y que ya escaló a la arena política entre Miami, Washington y La Habana. James Uthmeier ordenó a la Fiscalía estatal coordinarse con socios federales y policiales para esclarecer lo ocurrido y advirtió que los «comunistas rendirán cuentas».
La reacción llegó horas después de que el Ministerio del Interior cubano reconociera que la Tropa Guardafrontera disparó contra una embarcación rápida procedente de Estados Unidos. Según la versión oficial del régimen, la lancha no obedeció la orden de alto y abrió fuego primero contra la unidad cubana. El comunicado añadió que el ataque ocurrió en aguas territoriales cubanas, en una embarcación con matrícula de Florida y folio FL7726SH.
El caso deja, de entrada, una realidad incómoda para La Habana: otra vez el régimen recurre a la fuerza letal en un hecho que involucra a una nave vinculada a Estados Unidos y termina con muertos que todavía no han sido identificados públicamente. El Minint no ha revelado quiénes iban a bordo ni sus posibles motivaciones, una opacidad que solo alimenta más dudas sobre el uso de la fuerza y sobre la versión oficial que circula desde la isla.
Desde Florida, el congresista Carlos Giménez exigió una investigación inmediata de lo que llamó una masacre. También pidió que las autoridades de Estados Unidos determinen si alguna de las víctimas era ciudadana o residente legal. Su reclamo pone el foco donde debe estar: en la responsabilidad del régimen cubano cuando responde con disparos y después controla la información a conveniencia.
La legisladora María Elvira Salazar también dijo que esperaba una posición oficial de Washington. En paralelo, el episodio revive incidentes previos entre embarcaciones rápidas de Estados Unidos y fuerzas cubanas, en un escenario de tensión que el régimen maneja con el mismo reflejo de siempre: fuerza, propaganda y silencio selectivo cuando faltan explicaciones claras.
Más allá del choque puntual, el hecho vuelve a mostrar el costo humano de un aparato estatal que actúa sin transparencia y convierte cualquier incidente marítimo en una crisis política. Para la comunidad cubana en el exilio, el caso toca una fibra conocida: la falta de rendición de cuentas del régimen, la sospecha sobre sus operaciones y la facilidad con que la vida humana queda atrapada entre el control de la frontera y la narrativa oficial.
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