El Ministerio del Interior salió este miércoles a exhibir una ofensiva contra la compra y venta ilegal de divisas en Cuba, con más de 300 investigaciones abiertas y operativos en La Habana donde dice haber ocupado cientos de miles de dólares, euros, pesos cubanos, vehículos, cajas fuertes, tarjetas bancarias y equipos electrónicos. La propia versión oficial termina confirmando lo que el cubano ya vive todos los días: el mercado informal sigue marcando el precio real de la moneda y el aparato estatal no logra controlarlo.
La denuncia difundida por Canal Caribe asegura que en la Isla siguen operando estructuras organizadas desde el exterior con apoyo interno para el canje y la compraventa de divisas, además de esquemas vinculados al lavado de activos y la evasión fiscal. En esa ofensiva participaron la fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de La Habana y un jefe del área de enfrentamiento a delitos económicos del MININT, en una escena que vuelve a poner al régimen en el centro de un problema que él mismo alimentó con su desastre monetario.
Uno de los operativos descritos por las autoridades apunta a dos viviendas de Luyanó, donde se habrían movido 183,278 dólares, 15,560 euros y 1,500,900 pesos cubanos, además de dos autos Kia Picanto de 2025, cinco cajas fuertes, máquinas de contar dinero, tarjetas magnéticas, celulares, una laptop y documentos sobre otras viviendas. Otro expediente presentado por la televisión oficial involucra dos casas en Plaza de la Revolución y una tercera en el Cerro, con ocupaciones de 17,210 dólares, 13,475 euros, 2,199,650 pesos cubanos, motos eléctricas, laptops, celulares, una máquina de contar dinero y tarjetas bancarias con saldos que sumaban más de 300,000 pesos.
El propio funcionario del MININT reconoció que en ese mercado informal “se siguen moviendo millones de pesos, millones de dólares”, pese a las medidas estatales. Esa admisión pesa más que cualquier discurso de mano dura. Cuando un régimen asegura estar enfrentando una red ilegal, pero al mismo tiempo reconoce que esa red mueve millones y sigue viva, lo que queda al desnudo es el derrumbe del control oficial sobre la economía cotidiana.
La versión oficial también habló de un expediente con cuentas bancarias superiores a 36 millones de pesos cubanos en créditos y más de 35 millones en débitos, relacionado con una persona señalada como parte de un entramado dedicado al tráfico ilegal de divisas. Según el reporte, esa red operaba desde una vivienda en El Vedado y usaba a otra persona en Mariel, Artemisa. En ese caso, los implicados habrían reconocido cambios en efectivo, operaciones con MLC y CUP, y transacciones con criptomonedas. El principal acusado fue descrito además como socio de una mipyme en Artemisa y reinscrito como trabajador por cuenta propia para prestar servicios de bebidas.
El MININT sostiene que parte de estas estructuras funciona con financistas radicados fuera del país, remeseros, traficantes en espacios físicos y virtuales, extracción transfronteriza de efectivo y recargas internacionales simuladas. También afirma que esos operadores imponen intereses de entre 6 % y 12 % y empujan la especulación, la distorsión de costos y la devaluación de la moneda nacional.
El problema de fondo sigue siendo el mismo: el régimen dejó que la economía cubana se partiera en dos, una oficial sin credibilidad y otra informal donde se fijan los precios reales, se mueven las remesas y se resuelve lo que el Estado no puede resolver. Ahora intenta presentar como ofensiva lo que también es síntoma de su fracaso. La represión económica cambia de nombre, pero no corrige la causa: un sistema que destruyó la moneda, vació el mercado formal y obligó a miles de cubanos a sobrevivir en la ilegalidad que el propio poder produjo.
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