El fiscal general de Florida abrió una investigación tras el ataque de autoridades cubanas contra una lancha matriculada en ese estado de Estados Unidos, un hecho que dejó cuatro muertos y seis heridos y que volvió a poner bajo escrutinio la manera en que el régimen maneja incidentes armados en el mar. La decisión llegó pocas horas después de que el Ministerio del Interior admitiera el saldo mortal y defendiera la acción de la Tropa Guardafrontera.
James Uthmeier ordenó a la oficina estatal trabajar con agencias federales, estatales y policiales para esclarecer lo ocurrido. Su mensaje fue directo: dijo que no se puede confiar en el gobierno cubano y prometió hacer todo lo posible para que “estos comunistas rindan cuentas”. La reacción marca la desconfianza acumulada frente a una maquinaria estatal que responde con fuerza, opacidad y propaganda cada vez que un incidente toca sus aguas territoriales.
Según la versión oficial de La Habana, la lancha rápida fue detectada la mañana del miércoles en aguas territoriales cubanas, cerca del canalizo El Pino, en cayo Falcones. El Minint aseguró que la embarcación llevaba matrícula de la Florida, folio FL7726SH, y que una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras se acercó para identificarla. Siempre según esa comunicación, desde la lancha se abrió fuego contra los efectivos cubanos, y en el intercambio murió el comandante de la embarcación policial.
El punto más grave sigue sin aclararse. El Ministerio del Interior no identificó a los ocupantes de la lancha ni explicó sus motivaciones. En un país donde el régimen controla la información y acostumbra a cerrar filas alrededor de sus aparatos armados, esa falta de transparencia deja más preguntas que respuestas y alimenta la sospecha sobre un episodio que terminó con cuatro muertos.
Desde Florida, el congresista cubano-estadounidense Carlos Giménez exigió una investigación inmediata de lo que calificó como una masacre. También pidió que Washington determine si alguna de las víctimas era ciudadana estadounidense o residente legal. La representante María Elvira Salazar dijo que espera información oficial por parte de las autoridades estadounidenses. La presión política crece porque el caso toca de lleno a la comunidad cubanoamericana, que conoce bien el costo humano de los choques entre el exilio, el mar y un aparato represivo que actúa sin rendir cuentas.
El incidente se suma a otros episodios similares ocurridos en años recientes, incluidos enfrentamientos con lanchas rápidas de Estados Unidos y choques con patrulleras del Minint. Cada uno de esos hechos confirma la misma realidad: el régimen cubano responde a la crisis, a la frontera y al exilio con control militar, cerrojo informativo y saldo de sangre. La investigación abierta en Florida ahora pone presión sobre La Habana y sobre una narrativa oficial que, una vez más, pretende cerrar el caso antes de explicar lo esencial.
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