Florida abrió una investigación tras la versión del régimen cubano sobre un tiroteo en el que murieron cuatro personas a bordo de una lancha con matrícula de ese estado, cerca de la costa norte de la isla. La decisión llegó después de que La Habana afirmara que la embarcación entró en la zona de Falcon Key, en Villa Clara, y abrió fuego contra guardafronteras cubanos.
El caso escaló de inmediato porque toca una herida vieja entre Cuba y el exilio: el control violento de las aguas, la persecución a quienes intentan salir y la opacidad con que el régimen maneja cualquier episodio que involucre fuerza letal. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ordenó que la Oficina de Procesamiento Estatal trabaje con socios federales y locales para esclarecer lo ocurrido. También dejó claro que, para él, el gobierno cubano no merece confianza.
Según la versión oficial de La Habana, el incidente ocurrió el martes por la mañana, cuando una “lancha violadora” fue detectada a una milla náutica del canal El Pino, en Falcon Key, dentro del litoral norte cubano. El régimen dijo que cinco guardafronteras se acercaron para pedir identificación y que la tripulación respondió con disparos. Después aseguró que cuatro “agresores” murieron y seis quedaron heridos, atendidos por personal médico.
Más allá del relato de la dictadura, el episodio vuelve a colocar bajo la lupa el uso de la fuerza en aguas cubanas y el clima de confrontación que el propio aparato represivo alimenta alrededor de la emigración. El régimen presenta estos hechos como defensa nacional, pero el costo real recae siempre sobre cubanos empujados al mar por la miseria, el cerco político y la falta de futuro que impone el sistema.
La reacción desde Washington y Florida fue inmediata. El congresista Carlos Gimenez, único miembro del Congreso nacido en Cuba, pidió más detalles y reclamó que el caso reciba toda la atención federal. También se pronunciaron Byron Donalds, María Elvira Salazar y el senador Rick Scott, todos con el mismo reclamo: investigación completa y rendición de cuentas.
El expediente coincide, además, con otro dato de fondo que no pasa inadvertido: mientras la crisis cubana sigue empujando a más gente a buscar salida, el Tesoro de Estados Unidos señalaba que podría permitir a petroleras solicitar licencias para revender crudo venezolano a Cuba. La dependencia del régimen de sus aliados y la presión sobre los cubanos se cruzan otra vez en el mismo tablero.
Lo que está en juego no es solo una versión enfrentada entre La Habana y Florida. Está en juego la conducta de un régimen que ha hecho de la fuerza, el secreto y la criminalización del escape una política de Estado. Cada incidente de este tipo recuerda que la tragedia cubana sigue produciéndose bajo un poder que controla, dispara y luego pretende explicar la muerte como si fuera un acto de soberanía.
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