El secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó una crítica frontal contra la política exterior de Estados Unidos al advertir que Washington ha dejado a un lado el derecho internacional para imponer su influencia. Sus palabras, divulgadas en una entrevista con la BBC, llegan en un momento en que Donald Trump vuelve a despreciar públicamente a los organismos multilaterales y a cuestionar su utilidad.
Guterres afirmó que en la actual línea de Washington existe la convicción de que las soluciones multilaterales ya no importan y de que manda el ejercicio del poder. En su lectura, la fuerza política y militar de Estados Unidos termina pesando más que las normas internacionales que deberían regir las relaciones entre Estados.
La denuncia del jefe de la ONU se cruza con decisiones recientes de la administración Trump, entre ellas la intervención en Venezuela y sus aspiraciones sobre Groenlandia, además de una postura abierta de desconfianza hacia Naciones Unidas y otras instituciones globales. Ese choque refleja una realidad incómoda: la ONU sigue atrapada entre su discurso de legalidad y la voluntad de las potencias que la utilizan o la desprecian según les convenga.
El propio Guterres admitió que el organismo que encabeza tiene limitaciones serias para hacer cumplir su carta y que las grandes potencias poseen un margen de maniobra mucho mayor. También insistió en reformar el Consejo de Seguridad, al que considera bloqueado por el uso del veto y alejado de la representación real del mundo actual.
Trump, por su parte, ha convertido sus críticas a la ONU en una línea política constante. Ante la Asamblea General llegó a asegurar que la organización ni siquiera intentó ayudar a resolver conflictos que él atribuyó a su propia administración. Su discurso resume una visión de poder desnudo: desconfianza hacia las reglas comunes, desprecio por la diplomacia y cálculo abierto de fuerza.
La confrontación deja al descubierto la debilidad de un sistema internacional que depende de las mismas potencias que lo desafían. También confirma que, cuando las grandes capitales deciden actuar por encima de la norma, las instituciones quedan reducidas a testigos de lujo. En ese tablero, la ley internacional pierde terreno frente a la imposición política.
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