El régimen cubano volvió a responder con cárcel a la protesta ciudadana. Al menos 15 manifestantes fueron condenados a penas de hasta nueve años tras salir a las calles el año pasado por la falta de electricidad y comida, según informó el Tribunal Supremo de la isla.
Las condenas llegan después de una jornada de protestas ocurrida el 17 de marzo de 2024 en tres ciudades cubanas, en medio de un fin de semana sofocante de apagones que entonces alcanzaban hasta 13 horas diarias en algunas provincias. Santiago de Cuba, Bayamo y Santa Marta fueron escenario de marchas que expusieron el nivel de hartazgo acumulado dentro de la isla, donde la crisis energética y la escasez siguen empujando a la población al límite.
El Tribunal Supremo Popular precisó que, entre los 15 juzgados en Bayamo, ocho recibieron sanciones de entre seis y nueve años de prisión, cinco fueron castigados con penas de tres a cinco años y otros dos quedaron bajo trabajo correccional sin internamiento. Los cargos mencionados por el tribunal incluyeron desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir, una combinación de figuras penales usada con frecuencia para criminalizar la protesta en Cuba.
Las marchas de marzo de 2024 fueron las más numerosas desde el estallido social del 11 de julio de 2021, que dejó cientos de presos y sentencias de hasta 25 años. Desde entonces, los brotes de inconformidad se han multiplicado en la isla, impulsados por una crisis energética que no da tregua y por un sistema incapaz de garantizar servicios básicos.
El propio Gobierno cubano atribuye el desastre eléctrico al embargo de Washington, pero la realidad visible en cada apagón habla de una infraestructura envejecida, de ocho termoeléctricas obsoletas y de una red sostenida por grupos electrógenos que dependen del combustible escaso que tiene el país. Mientras la población sufre cortes programados todos los días, en agosto el promedio llegó a 15 horas sin luz.
La presión social siguió estallando en otros puntos de la isla. Hace una semana, decenas de personas protestaron en Gibara, un pueblo del oriente cubano, por más de 20 horas sin electricidad y semanas sin agua. Un habitante citado por AFP describió el ambiente de miedo que rodea estas quejas, al admitir que no quiso identificarse por temor a represalias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos aseguró en X que pudo confirmar 27 detenciones en Gibara y que cuatro personas seguían privadas de libertad. Cubalex también verificó cuatro manifestantes bajo arresto, según declaró a AFP su directora, Laritza Diversent. La organización añadió que al menos 180 personas han sido aprehendidas en el contexto de protestas por apagones entre 2022 y septiembre de 2025, una cifra que ella misma describió como subregistro.
La respuesta del régimen vuelve a dejar clara su receta: castigo judicial, intimidación y silencio forzado. En vez de atender la ruina eléctrica y la escasez que empujan a la calle a los cubanos, el poder insiste en llenar tribunales y cárceles con ciudadanos que protestan por luz, comida y condiciones mínimas de vida.
El régimen cubano condenó hasta nueve años de cárcel a 15 manifestantes por protestar contra los apagones y la escasez de comida en 2024.[7,25,24][
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