El secretario de Guerra, Pete Hegseth, llevó a apelación el fallo federal que frenó el castigo contra el senador Mark Kelly, de Arizona, por un video en el que exhortó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes ilegales. La nueva movida abre otro pulso entre el Pentágono y un legislador al que la administración Trump quiso sancionar por expresarse en público.
El Departamento de Justicia presentó el recurso ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en nombre de Hegseth, del Departamento de Guerra, de la Marina y del secretario naval, John Phelan. La apelación busca revocar la decisión del juez federal Richard Leon, quien concluyó que el Pentágono probablemente vulneró la Primera Enmienda de Kelly y también la de millones de militares retirados cuando lo censuró formalmente el 5 de enero.
Leon había bloqueado además la intención del Pentágono de degradar el rango retirado de Kelly, capitán, o reducir su pensión militar. Esa orden judicial frenó de inmediato una represalia que el aparato de seguridad quiso convertir en castigo ejemplar contra un senador demócrata que mantuvo su derecho a hablar fuera del uniforme.
Kelly respondió acusando al gobierno de intentar callarlo y de seguir atropellando la libertad de expresión de veteranos retirados. Al repostear la noticia en X, escribió que la administración no entiende cuándo parar y que el único propósito de apelar es seguir pisoteando derechos constitucionales y silenciar la disidencia.
El choque nació en noviembre, cuando un grupo de legisladores demócratas con pasado militar e inteligencia difundió un video de 90 segundos pidiendo a los miembros de las Fuerzas Armadas que se negaran a cumplir órdenes ilegales. En la pieza participaron Kelly, la senadora Elissa Slotkin y los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan. Desde entonces, la Casa Blanca y el Pentágono empujaron una escalada que terminó en investigación formal, censura y ahora apelación.
Hegseth ya había calificado la conducta de Kelly como “sedición”, mientras Donald Trump acusó al grupo de promover “sedición al más alto nivel”. Incluso un gran jurado en Washington rechazó un intento del Departamento de Justicia de presentar cargos contra los legisladores, otro revés para una ofensiva que buscó convertir una disputa política en disciplina punitiva desde el poder.
El caso deja una señal incómoda para cualquiera que defienda libertades básicas: la administración insiste en castigar el disenso con el lenguaje de la seguridad nacional. Cuando el Estado intenta rebajar rangos, tocar pensiones y abrir expedientes por una postura pública, el mensaje es claro: se castiga la voz incómoda y se pretende disciplinar la crítica desde arriba.
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