Estados Unidos volvió a poner en la mira al régimen cubano al cumplirse 30 años del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, una operación militar que dejó cuatro muertos y sigue cargando sobre La Habana una deuda de sangre y de impunidad. La Administración norteamericana prometió mantener la presión y reabrió, con más fuerza, el reclamo de rendición de cuentas por uno de los episodios más graves del poder castrista contra el exilio.
La Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado recordó a las víctimas y calificó el ataque como un “bárbaro acto de terror”. En su mensaje en X, insistió en que el asesinato de Mario de la Peña, Carlos Costa, Pablo Morales y Armando Alejandre, Jr. “nunca se olvidará” y que Washington seguirá presionando para que haya justicia. El gesto no quedó en una simple conmemoración: volvió a colocar el caso en el centro de la discusión política sobre el aparato represivo cubano.
El derribo ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando las Fuerzas Armadas de Cuba destruyeron dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, bajo el argumento de que violaban el espacio aéreo y eran “terroristas”. Las familias de las víctimas sostienen que el ataque se produjo en espacio aéreo internacional, una versión que mantiene viva la denuncia contra el régimen y contra la decisión que, según sus allegados, salió de la cúpula militar de entonces.
Entre los exiliados de Florida creció la exigencia de que Washington acuse formalmente a Raúl Castro, señalado por los familiares como quien ordenó el operativo cuando era ministro de las Fuerzas Armadas. Congresistas de Miami también se sumaron al reclamo y pidieron al Departamento de Justicia que presente cargos por asesinato. El caso ha permanecido como una herida abierta en la memoria del exilio, pero también como una prueba de cómo el poder cubano actuó con absoluta impunidad frente a vidas humanas que trataban de ayudar a balseros desesperados por huir de la isla.
Mario de la Peña, padre de una de las víctimas, sostuvo que existen grabaciones sobre la orden dada por Castro y describió aquella decisión como criminal, abusiva, violenta y salvaje. Sylvia Iriondo, sobreviviente del ataque y presidenta de MAR por Cuba, lleva tres décadas reclamando justicia y dijo que ahora existe una oportunidad real para volver a empujar el caso con respaldo político en Washington.
La fecha del aniversario coincidió con una nueva ofensiva de presión de la Casa Blanca contra el régimen cubano, incluida la suspensión del suministro de petróleo desde Venezuela y la declaración de una emergencia nacional por la amenaza que La Habana representa para la seguridad de Estados Unidos. En Miami, la comunidad cubana respondió con vigilias y actos de recuerdo, convencida de que la memoria de Hermanos al Rescate sigue siendo una acusación directa contra la dictadura y su historial de violencia.
Treinta años después, el mensaje es el mismo: el ataque no se ha borrado, la responsabilidad política tampoco. Mientras el régimen intenta refugiarse en su propaganda y en su vieja narrativa de soberanía, el exilio y Washington siguen apuntando al mismo punto: un crimen de Estado no se sella con el tiempo ni con el silencio.
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