Treinta años después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, Raúl Castro sigue sin enfrentar un proceso penal, y ese vacío vuelve a quedar sobre la mesa tras el análisis jurídico que hizo el abogado Marcell Felipe sobre los obstáculos y las vías todavía posibles para intentar un encausamiento.
El dato desnuda algo más que una discusión de tribunales. En el exilio cubano, este expediente sigue siendo una herida abierta y un recordatorio de cómo la cúpula castrista quedó protegida después de una acción violenta que marcó para siempre a muchas familias. La ausencia de un proceso contra Raúl Castro ha funcionado durante décadas como una muralla de impunidad, alimentada por el poder político y por el tiempo que el régimen ha usado a su favor.
Felipe centró su lectura en las trabas jurídicas que impone la distancia de los hechos, pero también dejó espacio para explorar aún mecanismos legales. Esa posibilidad devuelve el caso a su núcleo: la rendición de cuentas. El régimen apostó por el silencio, el desgaste y la espera hasta convertir un hecho de enorme carga política en un expediente casi inmóvil, mientras la responsabilidad de sus figuras principales seguía intacta fuera de cualquier sala de justicia.
Hermanos al Rescate resume cómo opera el poder castrista cuando una causa toca a la cúpula. La justicia queda subordinada al blindaje político, la protección interna y el cierre de filas. Tres décadas después, el caso sigue exponiendo la deuda moral y penal que el régimen mantiene con las víctimas, sus familias y un exilio que nunca dejó de reclamar respuestas.
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