Honduras abrió una investigación sobre la contratación de brigadas médicas cubanas y sobre la posible presencia de personas sin formación sanitaria en esos grupos, en medio de denuncias por opacidad en los pagos y por irregularidades acumuladas durante el gobierno de Xiomara Castro. El caso golpea de frente el negocio de exportación de servicios que sostiene al régimen cubano y deja al descubierto cómo opera ese esquema fuera de la isla.
El Ministerio Público actuó de oficio tras denuncias difundidas en medios y redes, mientras el Tribunal Superior de Cuentas anunció una auditoría sobre los convenios. En revisión están los procedimientos de contratación, los salarios pagados y la documentación que respalda esos desembolsos, un expediente que ya apunta a la posible inclusión de electricistas, conductores o economistas entre supuestos especialistas de la salud.
La revisión no solo busca verificar si hubo pagos desproporcionados. También pretende establecer quién autorizó, gestionó o suspendió los contratos y qué pasó con parte de la documentación, que según las autoridades habría sido eliminada o destruida. En un país donde el régimen cubano vende misiones como solidaridad médica, la sombra de “falsos médicos” convierte el caso en una acusación mucho más seria: fraude, ocultamiento y uso político de personal exportado bajo sello estatal.
Las cifras que rodean el acuerdo alimentan esa sospecha. Fuentes del actual Ejecutivo hondureño hablan de unos 170 cubanos trabajando en el país con salarios que partían de 1.600 dólares mensuales, además de alojamiento, transporte y pasajes. Una revisión preliminar detectó 59 médicos contratados a través del INJUPEM con ingresos cercanos a 124.000 lempiras al mes, unos 4.700 dólares, para un costo anual superior a los 3,3 millones solo por ese grupo.
Pero el problema de fondo no se queda en las cuentas. Autoridades hondureñas señalaron que la brigada salió de manera inmediata, pese a que el convenio preveía una transición de 90 días, y eso obligó a activar un plan de contingencia para redistribuir personal y sostener servicios, incluidos centros de oftalmología que cerraron tras la retirada. El resultado inmediato fue más presión sobre el sistema de salud local y una nueva grieta en un acuerdo presentado durante años como ejemplo de cooperación.
El caso también expone otra verdad que La Habana intenta maquillar: el régimen usa sus misiones médicas como fuente de divisas, mientras retiene la mayor parte de los salarios y somete a sus profesionales a vigilancia política, restricciones de movimiento y cláusulas de silencio. Esa estructura ya ha sido denunciada fuera de Cuba como una forma de explotación laboral, y Honduras termina ahora sumándose a una lista de países que revisan con lupa lo que antes aceptaron como ayuda desinteresada.
La investigación hondureña coloca a la administración de Asfura en la misma línea de otros gobiernos que han empezado a desmontar ese mecanismo. Guatemala anunció que no renovará su convenio; Antigua y Barbuda dio por terminada su cooperación; Bahamas y Guyana optaron por esquemas distintos de contratación. En todos los casos aparece el mismo patrón: el régimen cubano quiere cobrar por encima de la mesa y controlar por debajo a quienes envía.
Para La Habana, el golpe es doble. Pierde ingresos y queda más expuesto un modelo que depende de exportar mano de obra bajo reglas opacas, con profesionales convertidos en mercancía y los países receptores atrapados entre la necesidad de personal y la falta de transparencia. La denuncia hondureña no solo mira hacia una presunta estafa administrativa; también apunta al corazón de un sistema que hace negocio con la salud mientras en Cuba faltan médicos, recursos y respuestas para su propia población.
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