Estados Unidos abrió la puerta a que empresas vendan pequeñas cantidades de petróleo al sector privado en Cuba y a que se tramiten licencias para mover combustible venezolano hacia negocios no gubernamentales en la isla. El cambio llega en medio de una escasez que ya golpea el transporte, deja a hospitales y escuelas recortando servicios y agrava la asfixia cotidiana del país.
La decisión del gobierno de Donald Trump apunta a aliviar la presión sobre mercados, transportistas y otras iniciativas privadas cubanas sin alimentar al aparato estatal, al ejército ni a las estructuras controladas por el poder. Washington busca sostener ese pequeño espacio independiente y, al mismo tiempo, marcar distancia con un régimen que ha concentrado casi toda la economía y ha llevado al país a una dependencia extrema del combustible.
Marco Rubio defendió esa línea con un diagnóstico directo: si la economía cubana funcionara, el sector privado tendría mucho más margen. Esa lectura desnuda el fracaso del modelo impuesto por el castrismo, que durante décadas ha sofocado la iniciativa individual mientras culpa al embargo de una ruina que nace, ante todo, del control político sobre la vida económica.
Trump también dejó clara la intención política al hablar de una Cuba “fallida” y de una posible “toma amistosa”. Detrás de esa frase está la idea de usar el petróleo como palanca de presión sobre La Habana, sin rescatar a un poder que vive de administrar la escasez y de vender la narrativa de la culpa ajena.
Las autorizaciones son limitadas, pero su efecto toca la calle de inmediato. Sin diésel suficiente, la gente camina más, el transporte público se desploma, los puertos acumulan mercancía que no sale y las bombas de agua quedan sin combustible. La crisis deja de ser un dato macroeconómico y se convierte en hambre, espera y parálisis.
Empresarios privados dentro y fuera de la isla ven en la medida un alivio parcial. Uno advirtió que tiene contenedores de pollo en riesgo de perderse por falta de combustible para moverlos desde el puerto. Otro dijo que los negocios están contra reloj para evitar un colapso mayor. Esa urgencia retrata la fragilidad de un país donde la sobrevivencia diaria depende de pequeños circuitos privados mientras el Estado sigue concentrando el poder y dejando el país sin salida.
El régimen ha denunciado el bloqueo del suministro energético y, al mismo tiempo, admite que necesita combustible para sostener la vida económica. Esa contradicción ya forma parte de su guion habitual: culpa a otros cuando le conviene y reconoce su propia dependencia cuando la realidad lo acorrala. La medida de Washington no resuelve la crisis cubana, pero sí vuelve a mostrar quién carga con la miseria y quién intenta salir adelante al margen del control oficial.
Sé el primero en comentar