Honduras abrió una investigación de oficio sobre las misiones médicas cubanas que operaron en el país y sobre la posible inclusión de personal que no pertenecía al sector salud, una denuncia que vuelve a colocar bajo sospecha el negocio político que La Habana ha montado alrededor de sus brigadas en el exterior.
La Fiscalía hondureña dijo que actuó ante informaciones publicadas en medios y redes sociales sobre la posible presencia de electricistas, deportistas, conductores, economistas y otros trabajadores dentro de procesos de contratación ligados a los supuestos especialistas cubanos en el sistema público de salud. La pesquisa busca comprobar si hubo irregularidades administrativas o delitos contra la administración pública.
El caso golpea directamente uno de los símbolos propagandísticos más usados por el régimen cubano: la exportación de “servicios médicos” como vitrina política y fuente de ingresos. Cuando una investigación oficial en otro país apunta a que en esas brigadas pudo haber personal ajeno a la medicina, la fachada humanitaria queda otra vez en entredicho y el costo político recae sobre La Habana, no sobre la narrativa oficial que vende solidaridad mientras administra control y opacidad.
Los reportes locales también señalan que algunos integrantes de esas misiones habrían cobrado salarios superiores a los 1.600 dólares mensuales. Ese dato añade otra capa al problema: además de la duda sobre quiénes estaban realmente trabajando en el sistema sanitario hondureño, aparece el manejo económico de un esquema que durante años ha servido al régimen cubano para convertir fuerza laboral en divisa y presencia política en el exterior.
En paralelo, Honduras ya comenzó a desmontar ese arreglo. El nuevo gobierno de Nasry Asfura no renovará el contrato con el que 128 médicos cubanos trabajaban en el país desde hace dos años. El secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, lo definió como una decisión de política exterior, mientras el viceministro de Salud, Eduardo Midence, adelantó que la prioridad será contratar médicos hondureños o extranjeros debidamente acreditados ante el Colegio Médico.
La salida de los galenos y la apertura de la investigación dejan al descubierto una realidad que el castrismo intenta maquillar desde hace décadas: sus misiones no solo operan como herramienta diplomática, también arrastran dudas sobre transparencia, acreditación y uso político de personal enviado bajo la etiqueta de cooperación. Honduras se suma así a una lista en la que ya aparecen Guatemala y Antigua y Barbuda, países que cerraron la puerta a esas brigadas, mientras Guyana optó por pagarles directamente.
El golpe es claro para La Habana. Cada gobierno que revisa esos acuerdos expone el mismo patrón: dependencia política, opacidad contractual y beneficios para un régimen que necesita vender servicios al exterior para sostenerse. En Honduras, la investigación no solo cuestiona un convenio; también vuelve a poner bajo la luz el modo en que el castrismo exporta una imagen sanitaria que, cuando se examina de cerca, deja demasiadas preguntas abiertas.
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