La esposa del preso político Yosvany Rosell García Caso denunció este martes nuevos actos de hostigamiento dentro de la prisión provisional de Holguín y advirtió que su vida podría correr peligro después de que una llamada telefónica fuera interrumpida por un guardia este lunes.
Mailín Rodríguez Sánchez contó a Martí Noticias que escuchó la discusión en plena comunicación y que el corte llegó por decisión del custodio, presuntamente siguiendo órdenes de la jefatura del penal. En la conversación, el preso hablaba de las excarcelaciones anunciadas por el régimen y preguntaba por los liberados en la provincia de Holguín, cuando le prohibieron seguir hablando de política.
La interrupción dejó a la familia en alerta inmediata. Rodríguez Sánchez dijo que quedó “muy preocupada” y que teme por lo que pueda estar ocurriendo dentro de la cárcel. También aseguró que los guardias han mantenido actitudes violentas contra su esposo y responsabilizó a las autoridades penitenciarias y a la Seguridad del Estado por cualquier daño que sufra.
García Caso cumple una condena de 15 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Su caso ya había sido considerado de alto riesgo por organismos internacionales, y este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares al advertir que enfrenta una situación grave y urgente que pone en peligro su vida, su integridad personal y su salud bajo custodia del Estado cubano.
El episodio en Holguín vuelve a mostrar cómo el régimen administra la prisión política en Cuba: vigilancia, castigo y amenazas incluso detrás de las rejas. La llamada cortada y la prohibición de hablar de política confirman que la represión no termina con la sentencia; se prolonga en la celda y en el trato diario a quienes siguen presos por el 11J.
La denuncia ocurre además en medio del anuncio de La Habana de excarcelar a 51 reclusos en los próximos días, presentado como un gesto de “buena voluntad” ligado a sus relaciones con el Vaticano y a la presión internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores no precisó si entre los beneficiados habrá presos políticos, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado dudas sobre la transparencia del proceso.
Entre los liberados figura Juan Pablo Martínez, de 32 años, quien dijo que salió bajo libertad condicional tras cumplir casi cinco años de una condena de 11 por las protestas del 11J. También denunció que, como condición para su salida, tuvo que firmar un acta que le prohíbe expresarse en redes sociales y relacionarse con personas consideradas “delincuentes”.
La familia de García Caso pide respuestas mientras el régimen sigue usando el sistema penitenciario como herramienta de control político. En Holguín, la denuncia vuelve a poner el foco sobre un aparato represivo que castiga la protesta, vigila a los presos políticos y deja a sus familias viviendo al borde del miedo.
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