La represión política siguió siendo una de las marcas más crudas de Cuba en 2025. El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch describe un país sometido a control, castigo y precariedad, mientras la crisis económica agrava el hambre, la falta de medicinas y el empuje migratorio que ya ha vaciado a una décima parte de la población, según la organización.
El balance que presenta HRW es demoledor. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se registraron hasta cinco apagones nacionales, con cortes eléctricos de hasta 20 horas diarias en algunas regiones. A esa oscuridad se sumó la escasez alimentaria y sanitaria. El informe recoge una encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que señala que siete de cada diez cubanos se saltan comidas y que más de la mitad enfrenta serias dificultades para conseguir productos básicos. En julio de 2025, además, apenas el 30% de los medicamentos esenciales estaba disponible en el país.
La presión social no se detuvo pese al anuncio de liberación de 553 detenidos en enero de 2025. HRW documenta que la maquinaria represiva continuó operando y que, según Cubalex, al menos 203 personas fueron detenidas arbitrariamente entre enero y junio de ese año en operativos de vigilancia estatal. La organización fue clara al afirmar que el régimen “continúa reprimiendo y castigando la disidencia y las críticas públicas”.
Al cierre de octubre de 2025, Prisoners Defenders contabilizaba cerca de 700 presos políticos, una cifra que mantiene a la Isla entre los peores expedientes de la región en materia de libertad. Entre los nombres que permanecen tras las rejas figuran Maykel Castillo Pérez, Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Navarro, símbolos de una oposición que el poder intenta sofocar con prisión y escarmiento.
HRW también resalta un hecho que evidenció el creciente malestar interno: la subida brutal de los precios de internet impuesta en mayo por el monopolio estatal ETECSA. El aumento provocó declaraciones públicas de estudiantes y llamados a huelgas universitarias, una reacción inusual en instituciones vigiladas por el Estado. Justicia 11J registró 46 protestas solo en junio, la cifra más alta asociada a un evento puntual en todo el año.
En las cárceles, el cuadro resulta igual de siniestro. El informe denuncia negación repetida de atención médica, hacinamiento e insalubridad. También recoge testimonios de manifestantes presos por las protestas del 11 de julio de 2021, 359 de los cuales seguían encarcelados, sometidos a aislamiento prolongado y posturas de estrés como castigo. A eso se suman muertes bajo custodia atribuidas a la negligencia y a la falta de atención médica del Estado.
El capítulo diplomático tampoco ofrece alivio. HRW recuerda que Cuba fue retirada de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo por la Administración Biden en enero de 2025 y reincorporada seis días después por la Administración Trump. El régimen, como siempre, intenta usar el embargo estadounidense como excusa para sus abusos, mientras mantiene intacto el aparato represivo que golpea a la población dentro de la Isla.
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