La influencia política y el discurso de Donald Trump han empujado a varios gobiernos de América Latina y el Caribe a endurecer prácticas que golpean derechos fundamentales, según alertó Human Rights Watch en su Informe Mundial 2026. La organización sostiene que, durante el primer año del nuevo mandato del presidente de Estados Unidos, la región vio cómo algunos gobiernos abusaron de migrantes y ciudadanos propios, mientras otros se refugiaron en la retórica de Washington para justificar más control, más detenciones y más fuerza contra la población.
El señalamiento de HRW apunta a una realidad incómoda para buena parte de la región: el deterioro de las libertades no surge solo de la presión externa, también se alimenta de gobiernos locales dispuestos a usarla como coartada. La organización afirma que algunos países violaron derechos de personas extranjeras a instancias directas de la administración estadounidense, y que otros profundizaron políticas de seguridad basadas en militarización, detenciones masivas y uso excesivo de la fuerza.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, fue tajante al describir el efecto de esa administración sobre la región. Aun así, recordó que los gobiernos latinoamericanos siguen obligados a defender la democracia y los derechos fundamentales, sin esconder sus responsabilidades detrás de quien ocupe la Casa Blanca.
El informe también denuncia el recorte significativo de la ayuda exterior de Estados Unidos a organizaciones de derechos humanos y medios independientes, un golpe que deja a esas voces más expuestas en un entorno ya hostil. Al mismo tiempo, HRW critica que países como El Salvador, Perú y Ecuador hayan aprobado leyes que permiten cerrar de forma arbitraria organizaciones civiles y medios de comunicación, una fórmula peligrosa que debilita los contrapesos y deja más espacio al abuso de poder.
La organización extendió su crítica a la política exterior estadounidense por la doble vara con que mide las violaciones de derechos humanos. Washington condena con insistencia los atropellos del régimen en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero cierra los ojos frente a abusos graves en aliados como El Salvador, Ecuador y Perú. Esa selectividad, según HRW, erosiona cualquier autoridad moral y termina legitimando a gobiernos que luego aplican la misma receta represiva en casa.
El documento va más lejos al señalar el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela a inicios de 2026, que la organización considera capaz de fortalecer al propio gobierno represivo venezolano y responder también a intereses políticos y comerciales de Washington. HRW llamó además a los gobiernos latinoamericanos a rechazar los ataques marítimos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que han dejado más de 120 muertos y podrían encajar como ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional.
En materia migratoria, el informe documenta abusos generalizados contra personas deportadas desde Estados Unidos. Panamá y Costa Rica aparecen señalados por detenciones arbitrarias de ciudadanos de terceros países, mientras El Salvador sometió a venezolanos deportados a desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias. República Dominicana, por su parte, intensificó las deportaciones de haitianos hacia contextos de alto riesgo, en posible violación del derecho internacional.
HRW coloca además al crimen organizado entre las amenazas más graves para los derechos humanos en la región. Haití sigue siendo el caso más extremo, con grupos criminales que controlan el 90 % de Puerto Príncipe. En países como Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales han ido por el camino de operativos letales, más inteligencia y suspensión prolongada de derechos fundamentales.
En México, la organización señala que el Gobierno ha combinado el refuerzo de la inteligencia con medidas que abren la puerta a detenciones masivas, entre ellas la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. En Brasil, una redada policial en Río de Janeiro dejó 122 muertos. En Colombia, durante la implementación de la estrategia de “paz total”, los grupos armados ampliaron su control territorial.
HRW cierra su advertencia con una defensa de periodistas y organizaciones de derechos humanos, a los que considera un bastión esencial para sostener la democracia en medio de un clima cada vez más hostil. La organización pide a los gobiernos de la región respaldar esa labor en vez de criminalizarla o cercarla, una exigencia que cobra todavía más peso en un continente donde el autoritarismo vuelve a buscar excusas nuevas para imponer viejas prácticas.
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