El régimen de La Habana volvió a pedir dinero al exilio, pero la oferta nace débil: ningún estadounidense puede invertir en Cuba sin un permiso especial del Departamento del Tesoro o una autorización que lo permita, recordó el abogado Nick Gutiérrez. La promesa llega sin reglas claras, sin garantías visibles y con el mismo aparato de control intacto.
Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba en el exilio, respondió así al anuncio de Oscar Pérez Oliva-Fraga, viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, de que los cubanos fuera de la isla podrían abrir negocios allí. Su advertencia fue directa: todavía no existe una aclaración del régimen sobre qué respaldo tendría quien se atreva a poner su dinero en un país donde el poder cambia las reglas a su conveniencia.
El abogado recordó además que la Ley Helms-Burton fija el camino de cualquier acercamiento con un nuevo gobierno cubano. Según explicó, no puede haber reconocimiento mientras no se convoquen elecciones libres, se libere a todos los presos políticos, se permitan las libertades de asociación y se restituyan las propiedades confiscadas. Esa referencia coloca el problema en su sitio: la economía cubana sigue anclada a un sistema construido sobre confiscaciones y negación de derechos.
Elías Amor, economista cubano, fue igual de claro. Dijo que no debe invertirse en la isla mientras no cambien el modelo económico y el sistema político. Señaló que el esquema vigente depende del Estado central, carece de derechos de propiedad, excluye al mercado como mecanismo de asignación de recursos y se apoya en el artículo 30 de la Constitución de 2019, que prohíbe el enriquecimiento privado.
Desde el ángulo político, Amor calificó de arriesgado invertir en un país sin democracia, sin libertad, sin derechos humanos, con cárceles llenas de presos políticos, sin competencia partidista y sin separación de poderes. Esa radiografía coincide con lo que muchos cubanos ya saben por experiencia: el régimen pide capital, pero no suelta el control que asfixia cualquier iniciativa y castiga la autonomía.
El economista añadió que la inversión de cubanos en el exterior seguiría el mismo camino del resto de las inversiones extranjeras, marcadas por el fracaso. Citó la ley de 2014, que obliga al inversor a ceñirse a la Cartera de Oportunidades definida por el gobierno, en lugar de decidir libremente dónde poner su dinero. A eso se suma la lentitud de los estudios de factibilidad de los burócratas comunistas, capaces de volver inútil una oportunidad antes de que despegue.
El cuadro final es el de siempre: un régimen que intenta atraer recursos mientras conserva el monopolio político, ahoga la propiedad privada y somete la actividad económica a su burocracia. Sin garantías reales, sin libertades y sin un cambio de fondo, la invitación a invertir en Cuba queda reducida a otra maniobra del poder para buscar divisas sin renunciar al control.
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