La denuncia oficial de La Habana contra Washington salió este martes con una lista de siete supuestos frentes de agresión, pero el propio relato terminó mostrando otra realidad: Cuba sigue hundida en una crisis que el régimen no logra contener y que cualquier sanción externa solo vuelve más visible. La detonante fue la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 29 de enero, que declaró a la isla en emergencia nacional e impuso aranceles a cualquier país que le venda petróleo.
El vocero oficial puso en primer plano el bloqueo energético. Según su propia explicación, la medida busca cortar el suministro de crudo y derivados en un país que ya arrastraba apagones, escasez de combustible y una economía estrangulada. La Habana añadió que Venezuela dejó de enviar petróleo tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, y con eso desapareció otra fuente de alivio para un sistema eléctrico y productivo que venía cayéndose a pedazos.
La otra arista que el régimen llevó a su acusación fue la presión sobre los programas de cooperación médica cubana. Jamaica anunció que no renovará su convenio después de casi cinco décadas, y el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, reconoció que el sistema sanitario está al borde del colapso. Esa admisión pesa más que cualquier consigna oficial: muestra el derrumbe de una de las vitrinas con las que La Habana intentó vender eficiencia y prestigio mientras el hospital cubano se vacía de recursos y confianza.
La lista también incluyó el turismo y las remesas, dos pulmones económicos para miles de familias dentro de la isla. Western Union suspendió indefinidamente los envíos desde Estados Unidos tras las sanciones de Trump contra Orbit S.A., la entidad estatal cubana que operaba ese negocio. En un país donde el salario no alcanza para sostener una casa, cada corte de ese flujo aprieta más a los hogares que dependen del dinero de sus parientes en el exterior para comer, comprar medicinas o resolver lo mínimo.
El vocero sumó además la tolerancia de Washington frente a grupos que planifican acciones violentas contra Cuba. Para sostener esa acusación, el régimen recordó el caso del 25 de febrero, cuando guardacostas interceptaron una lancha rápida con matrícula de Florida cerca de Corralillo, en Villa Clara. Según la versión divulgada por La Habana, la embarcación llevaba 14 fusiles de asalto, 11 pistolas, unas 13.000 balas, uniformes de camuflaje, chalecos antibalas, cócteles molotov, un dron y equipos de comunicación. El saldo fue de cuatro muertos, seis detenidos y un militar cubano herido.
Sobre ese mismo hecho, las autoridades señalaron a Maritza Lugo Fernández como autora intelectual de la infiltración armada. También citaron la detención de 10 ciudadanos panameños el 28 de febrero, acusados de repartir carteles con frases como “abajo la tiranía” en zonas de La Habana a cambio de pagos de entre 1.000 y 1.500 dólares por persona. El régimen usa esos episodios para alimentar su narrativa de asedio externo, pero también deja ver su reflejo de siempre: vigilancia, detenciones y control político ante cualquier gesto de disenso.
El sexto frente que denunció La Habana fue la campaña mediática. Según el vocero, desde Estados Unidos se financia una ofensiva en medios y redes para instalar la idea de que el gobierno cubano carga con toda la culpa de sus carencias. Esa lectura choca con una verdad que el castrismo no consigue maquillar: la crisis cubana nace de décadas de centralización, dependencia y fracaso económico bajo control absoluto del poder.
La Casa Blanca, mientras tanto, ha alimentado la expectativa de un eventual entendimiento. Trump dijo este domingo que Cuba “quiere negociar” y que un acuerdo se haría fácilmente, mientras reportes de Axios y Miami Herald apuntan a contactos con el entorno de Raúl Castro y no con Díaz-Canel, con Marco Rubio como interlocutor desde febrero de 2026. El vocero cubano negó la existencia de negociaciones secretas, pero insistió en que La Habana está dispuesta a hablar “sin chanchullos” y con respeto a la soberanía.
En el fondo, el mensaje oficial vuelve a su refugio habitual: culpar a Washington de cada carencia mientras esconde la responsabilidad del régimen en el derrumbe nacional. La escasez de petróleo, el deterioro del sistema de salud, la dependencia de las remesas y la fragilidad del aparato productivo señalan al mismo responsable de fondo: un poder que lleva demasiado tiempo sobreviviendo a base de propaganda, control y excusas.
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