El Ministerio de Transporte de Cuba autorizó de forma excepcional y temporal la entrega de Licencias de Operaciones de Transporte para ciclomotores, motocicletas y triciclos eléctricos que circulan sin matrícula, una concesión que deja al descubierto hasta qué punto la crisis del combustible y el desorden del sistema de transporte han empujado al régimen a improvisar sobre la marcha.
La medida, firmada por el ministro Eduardo Rodríguez Dávila y recogida por la prensa oficial, busca incorporar al sistema vehículos que hoy se mueven fuera de los cauces administrativos. En la práctica, el propio Estado admite que una parte del transporte ya funciona al margen de su capacidad de control y que, ante esa realidad, prefiere regular tarde lo que no pudo ordenar a tiempo.
La instrucción abre una vía para que las personas naturales acrediten la legalidad del vehículo y presenten la categoría A de la licencia de conducción. Cuando la moto o el triciclo no tenga matrícula, el número de chasis servirá como referencia provisional para tramitar el permiso. El procedimiento se apoyará en la Resolución 140 de 2024, con las excepciones incorporadas ahora por la nueva instrucción.
También impone obligaciones adicionales a los conductores, que deberán portar la licencia durante los recorridos para facilitar los controles viales. Las autoridades del transporte y los Centros de Revisión Técnica Automotor organizarán jornadas de inspección en provincias y municipios para verificar que esos vehículos cumplan con los estándares exigidos por el reglamento.
La decisión llega en un país donde el transporte estatal se desplomó y donde la movilidad cotidiana depende cada vez más de soluciones privadas, costosas y precarias. El propio aparato oficial reconoce que las autoridades locales pidieron esta flexibilización para ordenar una circulación que ya existía, aunque fuera de la legalidad formal que el régimen pretende imponer sobre todo.
La disposición deja en manos de los órganos locales del Poder Popular, en coordinación con los titulares de las licencias, la fijación de los precios de los servicios de transportación. Esa parte también refleja el modelo cubano: una economía ahogada por la escasez, donde el Estado no resuelve el problema y luego intenta administrar sus consecuencias con permisos temporales, inspecciones y más control burocrático.
La licencia tendrá validez municipal, salvo en La Habana, donde regirá a nivel provincial. Además, el permiso se otorgará por un año y la medida excepcional se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La extensión temporal confirma que el régimen no está normalizando un sistema eficiente; apenas está tratando de tapar, con regulación parcial, una crisis que ha convertido la movilidad en otro terreno de ajuste improvisado para la población.
Sé el primero en comentar