El recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, puso en marcha una nueva Página de Transparencia de Cumplimiento para centralizar los registros e información generados durante la revisión de actividades comerciales vinculadas con Cuba en el condado. La medida abre al público una ventana formal sobre un proceso que, por meses, ha ido cerrando el cerco sobre negocios sospechosos de operar con la Isla bajo el amparo del régimen.
Fernández anunció la iniciativa en X y la presentó como una herramienta para que los residentes tengan acceso claro a los documentos producidos por su oficina en la revisión. También la enlazó con el clima de seguridad nacional y con la orden ejecutiva firmada por Donald J. Trump, que aborda las amenazas del régimen comunista y socialista cubano y refuerza la aplicación de restricciones relacionadas con la Isla.
El portal oficial no publica todavía listados detallados de empresas ni cifras específicas. Funciona como un punto de acceso institucional a los registros públicos y como vía para ordenar la información acumulada por la oficina del recaudador en el ejercicio de sus funciones legales. Fernández sostuvo que la transparencia y el respeto a la ley sostienen el proyecto y que el público debe tener acceso a información precisa.
La revisión viene de atrás. En octubre, la oficina envió 75 cartas a empresas señaladas como posibles participantes en comercio con Cuba y les pidió documentos que demostraran autorización federal, incluidas licencias específicas o generales emitidas por la OFAC o por la BIS. De ese grupo, 48 respondieron con papeles suficientes o probaron que no hacían negocios con la Isla.
Las demás recibieron luego un segundo aviso por correo certificado. La advertencia fue directa: si no respondían, se asumiría la falta de autorización federal y quedaban expuestas a la revocación del Impuesto Local de Negocios. Tras vencer ese plazo, la oficina de Fernández procedió a revocar ese impuesto a numerosas entidades.
El recaudador calificó entonces la revocación como una medida significativa y dejó claro que, con efecto inmediato, esas empresas no podían operar legalmente en el condado. También advirtió que cualquier entidad que siguiera abierta sin un impuesto válido estaría sujeta a nuevas acciones de cumplimiento, con sanciones y consecuencias legales conforme a la ley aplicable.
En enero, como parte de otra fase de la revisión, Fernández anunció avisos adicionales de cumplimiento dirigidos a negocios cuyas actividades podían implicar comercio ilegal con el régimen cubano. Su mensaje fue frontal: Miami-Dade no sería utilizado como plataforma para financiar ni sostener una dictadura que oprime a su pueblo. La nueva página de transparencia termina de institucionalizar esa línea de presión y le da a la ofensiva un rostro público, administrativo y legal.
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