El Ministerio del Interior detuvo en La Habana a 10 ciudadanos panameños acusados de “propaganda contra el orden constitucional”, una imputación que el régimen ampara en el artículo 124 del Código Penal y que vuelve a colocar la represión política en el centro de la escena.
Según la nota oficial, los detenidos —residentes en Panamá— fueron arrestados el sábado 28 de febrero después de ser señalados como autores de letreros “subversivos” colocados en la capital durante la madrugada. El propio comunicado asegura que habían sido “orientados” para entrar a Cuba, confeccionar los carteles y salir del país, con un pago de entre 1.000 y 1.500 dólares por persona al regresar a su país.
La versión del MININT apareció primero en las páginas oficiales y luego fue borrada, un detalle que alimentó más dudas que certezas. La publicación borrada y republicada después refuerza la impresión de una operación propagandística improvisada, con una acusación grave pero sin la transparencia mínima que exige un caso de esta naturaleza.
El comunicado no identificó a los detenidos, no precisó el contenido de los supuestos letreros ni reveló dónde habrían sido colocados. Tampoco explicó qué pruebas sostienen la acusación, si hubo acceso consular o en qué condición procesal están los panameños. En un sistema acostumbrado a convertir la seguridad del Estado en argumento automático, esos vacíos pesan tanto como la denuncia misma.
La narrativa oficial también dejó una pregunta de fondo: por qué el régimen necesita presentar como una conspiración extranjera la aparición de carteles en La Habana, una ciudad donde la protesta abierta, la crítica y hasta un mensaje escrito chocan de frente con el aparato represivo. La respuesta está en el miedo del poder a cualquier gesto que rompa el control político y exhiba la fragilidad de su dominio cotidiano.
José Raúl Gallego cuestionó la credibilidad del supuesto pago y calificó la historia como otra de las “agresiones” que la Seguridad del Estado suele fabricarle al país para sostener su relato. Su observación toca un punto sensible: Cuba amaneciendo llena de carteles y, al mismo tiempo, un régimen dispuesto a montar una causa penal para criminalizar lo que en cualquier sociedad normal sería una manifestación política o un acto de protesta.
El artículo 124 del Código Penal prevé penas de tres a ocho años de prisión para quien confeccione o difunda propaganda considerada contraria al orden constitucional, una figura legal que el castrismo usa como arma para perseguir el disenso y blindar su control sobre la esfera pública. En este caso, la imputación contra 10 extranjeros añade un componente diplomático y expone, una vez más, hasta dónde llega el afán del régimen por castigar cualquier expresión incómoda, venga de dentro o de fuera de la isla.
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