Un motín dentro de la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, provocó este jueves una nueva ola de denuncias contra el régimen por hambre, malos tratos, falta de atención médica y violencia policial dentro del sistema penitenciario cubano. Organizaciones de derechos humanos recibieron testimonios desde el penal y alertaron que la revuelta seguía activa horas después.
Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas dijeron que los disturbios comenzaron en el destacamento 2 y que el régimen respondió con brigadas especiales, entre ellas las llamadas Avispas Negras. La información que salió del penal apunta a una protesta nacida del abandono cotidiano: presos sin comida suficiente, enfermos sin asistencia y golpes como método de control.
“La cárcel está completamente amotinada por hambre, malos tratos y falta de atención médica”, señaló Prisoners Defenders al difundir el testimonio de un preso político, que aseguró: “Nos están dando golpes. La prisión completa está amotinada”. Ese relato coincide con las denuncias acumuladas sobre Canaleta, un penal señalado por hacinamiento, insalubridad y corrupción interna, además del castigo sistemático contra reclusos por motivos políticos.
Las organizaciones reportaron que el detonante habría sido el intento de suicidio de una persona privada de libertad y la posterior negación de asistencia médica a otro preso, en medio de condiciones de vida degradantes. La respuesta oficial fue la de siempre: fuerza, cerco y represión para apagar un estallido que revela el nivel de pudrición del sistema carcelario.
Prisoners Defenders advirtió que varios internos habrían sido trasladados a hospitales con heridas en la cabeza y lesiones provocadas por gas pimienta, mientras ambulancias permanecían alrededor del penal. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas también alertó sobre audios, videos y testimonios que confirmaban la magnitud del disturbio iniciado en la noche del miércoles.
En sus publicaciones, la organización sostuvo que “los presos se han levantado exigiendo libertad para Cuba”. José Daniel Ferrer afirmó además que entre los protestantes había presos políticos, un dato que vuelve a colocar a Canaleta en el mapa de la represión penitenciaria del régimen y no solo en el de una crisis de orden interno.
El contexto agrava la denuncia. Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, el CDPC registró 60 muertes en cárceles del país, de las cuales 47 estuvieron vinculadas a problemas de salud y falta de atención médica oportuna, y siete a violencia física directa. Esa cifra dibuja un patrón de abandono que convierte las prisiones cubanas en espacios de castigo extremo y de riesgo permanente para la vida de los reclusos.
Sobre Canaleta, las organizaciones han documentado hacinamiento, insalubridad, alimentación deficiente y atención médica precaria. También han denunciado el uso de la represión contra presos por motivos políticos. A eso se sumó la queja de un activista de Cuba Primero, que dijo que las autoridades impidieron a los familiares llegar hasta la entrada de la prisión y los mantuvieron concentrados bajo un fuerte despliegue policial en la carretera que conduce al penal.
Lo ocurrido en Canaleta vuelve a mostrar el rostro más crudo del sistema penitenciario cubano: hambre, violencia, falta de asistencia y una estructura de poder que responde con golpes cuando los internos reclaman condiciones mínimas de supervivencia. En Cuba, la cárcel sigue funcionando como extensión del castigo político y del desprecio oficial por la vida humana.
Sé el primero en comentar