El preso político Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, murió este sábado en su casa de San Miguel del Padrón, apenas días después de haber salido de prisión con una licencia extrapenal tras sufrir una isquemia cerebral. Su muerte vuelve a golpear de frente al sistema penitenciario cubano, que lo mantuvo 12 años tras las rejas por sedición, a raíz de su participación en las protestas del 11J.
La familia confirmó que el joven falleció tras sufrir una subida de presión y un infarto. Su hermana, Regla Ayamei Oña, contó que lo estaban velando en la vivienda y que no hubo tiempo de hacer nada. También relató que, mientras permanecía encerrado, se sintió muy mal, pidió ayuda y nadie lo atendía. La versión familiar deja al desnudo el abandono médico y la desidia con que el régimen trata a quienes condena por razones políticas.
Oña Jiménez cumplía su sanción en la prisión mixta para pacientes de VIH-SIDA Cuba Panamá, en Güines, Mayabeque. Después de su salida, fue ingresado por su familia en el Hospital Julio Trigo, que lo desahució para que muriera en su casa, sin la atención especializada que su estado requería. La secuencia confirma el costo humano de un sistema carcelario que castiga, desgasta y deja a la deriva a sus presos políticos incluso cuando ya están fuera del encierro formal.
Prisoners Defenders, organización dedicada a documentar y defender a presos políticos y de conciencia, denunció que la muerte de Oña Jiménez expone el uso de las cárceles cubanas como instrumento de castigo político. La entidad habló de enfermedad, tortura psicológica y negligencia médica como mecanismos de exterminio lento contra quienes se atreven a disentir. Su señalamiento no llega aislado: hace menos de un mes había muerto otro preso político, Lázaro García Ríos, también golpeado por el deterioro de su salud y la falta de atención adecuada en prisión.
Desde 2022 hasta ahora, más de 10 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, la mayoría dentro de las cárceles, según la documentación de esa organización con sede en España. El dato retrata una realidad que el régimen intenta maquillar con discursos de legalidad y control, pero que termina revelando lo contrario: la prisión cubana sigue siendo un espacio de represión, abandono y muerte para quienes el poder decide tratar como enemigos.
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