La oposición cubana volvió a poner sobre la mesa una pregunta que el régimen ha intentado bloquear durante décadas: qué ocurrirá el día después de su caída. En la conferencia “Salvar a Cuba”, Luis Zúñiga, miembro del Directorio Democrático Cubano, presentó los lineamientos del Proyecto de Salvación Nacional, una propuesta trabajada por la Asamblea de la Resistencia Cubana con el respaldo de organizaciones del exilio y de la oposición interna.
El documento nace de una necesidad política evidente: evitar que la liberación de Cuba quede en manos de la improvisación. El régimen ha deformado durante años las instituciones, vaciado de contenido la vida pública y destruido cualquier base de normalidad constitucional. Frente a ese vacío, la propuesta intenta ordenar una transición con reglas, plazos y responsabilidades claras.
El esquema plantea la creación de un Consejo Nacional con 51 representantes de organizaciones de la resistencia, además de la posibilidad de incorporar a militares que se sumen al proceso democrático. Ese órgano asumiría funciones legislativas y consultivas, y elegiría un Ejecutivo provisional de tres miembros, encargado de gobernar entre 12 y 24 meses. Sus integrantes quedarían excluidos de las primeras elecciones libres, una señal de que el texto busca marcar distancia entre el período de rescate institucional y la competencia política posterior.
Junto a ese Ejecutivo, la propuesta prevé dos comisiones decisivas: una judicial, destinada a reconstruir un sistema de justicia independiente, y otra económica, encargada de auditar las finanzas heredadas del castrismo. La idea de fondo es sencilla y contundente: la transición no puede empezar con el mismo aparato que destruyó el país ni con sus métodos de control político.
El proyecto también propone que, durante ese período, el país se rija por la Constitución de 1940, considerada por sus promotores como la última carta magna democrática de Cuba, adaptada a las condiciones actuales. A eso se sumaría una ley electoral provisional inspirada en la tradición democrática cubana y en la experiencia de Costa Rica, con la meta de abrir paso a unas elecciones generales para un Congreso de la República y, después, a una Asamblea Constituyente.
En materia económica, el texto apuesta por una dolarización temporal para intentar estabilizar la economía, además de privatizar empresas estatales, crear un Banco Central independiente, simplificar el sistema impositivo y abrir espacio a la inversión extranjera y al libre comercio. La lógica es clara: desmontar el modelo estatista que el régimen impuso y que ha llevado a la población a la escasez, el atraso y la dependencia.
La parte social del plan también apunta al corazón ideológico del castrismo. Propone reformar a fondo la educación, eliminar la enseñanza marxista-leninista y restituir materias cívicas y religiosas. El documento, además, plantea recuperar la verdad histórica mediante la apertura de archivos estatales y la realización de juicios por los crímenes cometidos bajo el régimen comunista.
La estrategia para forzar ese cambio sigue una línea de resistencia civil: el Paro Nacional. El manifiesto advierte que los regímenes comunistas no entregan el poder de manera voluntaria y apuesta por una táctica de organización ciudadana conocida como “Tres por Tres”, pensada para crear cadenas humanas difíciles de reprimir y paralizar la estructura del poder. Según el texto, esa vía no violenta permitiría abrir el camino hacia un Gobierno de Salvación Nacional.
Zúñiga defendió la iniciativa como una herramienta para que los cubanos sepan que existe una ruta de salida concreta y que la reconstrucción del país no dependerá del caos ni de la improvisación. También subrayó que el plan no está cerrado y que puede ajustarse según avance el proceso democrático. En un país hundido por la dictadura, cualquier intento serio de transición ordenada es ya una forma de desafío político.
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