Panamá activó gestiones diplomáticas por la detención de diez de sus ciudadanos en Cuba, acusados de hacer pintadas contra el régimen y el sistema político de la isla. El caso ya se mueve entre consulados, tribunales y cancillerías, mientras La Habana los mantiene bajo custodia y anuncia cargos que pueden llevarlos hasta ocho años de prisión.
El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, dijo que los detenidos “se encuentran en condiciones apropiadas” y adelantó su intención de viajar a La Habana para tratar el expediente directamente con las autoridades cubanas. El embajador panameño en Cuba, Edwin Pitty, ya ha visitado a los arrestados y confirmó que reciben asistencia consular y legal.
Según la información oficial del Ministerio del Interior, los diez panameños fueron arrestados el 2 de marzo tras ser señalados por la confección de mensajes de contenido subversivo en la capital cubana. Entre las frases difundidas aparecen “Abajo la tiranía” y “Comunismo: enemigo de la comunidad”, junto con referencias a Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer.
El caso vuelve a dejar al descubierto cómo el régimen convierte cualquier expresión política en materia penal. Las pintadas, presentadas por las autoridades como una violación al orden constitucional, encajan en esa lógica de castigo que persigue la disidencia, controla el espacio público y responde con tribunales donde la oposición al sistema termina tratada como delito.
La acusación oficial añade que los detenidos residen en Panamá y habrían sido contactados allí para realizar las pintadas en Cuba, con la promesa de pagos de entre 1,000 y 1,500 dólares por persona al regresar. Con esa versión, el aparato represivo intenta darle a un acto de protesta un marco de conspiración y desactivar el contenido político del mensaje.
Para Panamá, el asunto obliga a una respuesta diplomática cuidadosa, pero también deja en evidencia el costo de lidiar con una dictadura que somete a proceso penal lo que en cualquier país libre sería expresión política o protesta. La Habana insiste en vestir de legalidad una persecución que revela, una vez más, el control que ejerce sobre la calle, la palabra y hasta las paredes.
Mientras tanto, los detenidos siguen a la espera de los procedimientos judiciales, en un país donde la justicia rara vez actúa al margen de la política. El episodio suma una nueva fricción entre dos gobiernos que han atravesado ciclos de acercamiento y ruptura, pero sobre todo expone la naturaleza del régimen cubano: intolerancia al disenso y castigo ejemplarizante frente a cualquier gesto de rebeldía.
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