La crisis eléctrica de Cuba abrió otro filón para el régimen: la venta de paneles solares y kits fotovoltaicos a precios que van desde los 800 dólares hasta más de 40 mil, en un país donde el salario promedio no alcanza ni para comprar un módulo básico. El negocio crece entre empresas estatales, mipymes privadas y comerciantes ligados a importadoras controladas por el Estado, mientras la población sigue atrapada entre apagones y precios imposibles.
Lo que se está vendiendo como salida a la emergencia energética también funciona como una nueva vía de extracción de divisas. Según el material disponible, más de un centenar de negocios promocionan estas ofertas en Internet, creando la imagen de que existe una respuesta real a la crisis cuando en realidad el acceso está reservado para una minoría con dólares, créditos o respaldo externo. Para el cubano común, la promesa de independencia energética vuelve a chocar con la misma barrera de siempre: el bolsillo vacío y una economía destruida por el propio régimen.
Detrás de esa vitrina aparece la estructura estatal que domina la importación y distribución. Empresas como CIMEX, COPEXTEL, Tienda Lucendi SRL, SunCar SRL y otras vinculadas a ministerios y a GAESA concentran buena parte de la operación, desde el abastecimiento hasta la venta minorista. Incluso cuando participan mipymes o emprendimientos privados, dependen de ese circuito estatal para traer equipos y componentes. El régimen conserva el control del negocio y se queda con la parte más rentable, aunque lo presente como apertura o modernización.
Los datos mencionados en el informe interno de CIMEX muestran el tamaño del mercado que se ha montado sobre la desesperación del país. Entre enero y febrero, la comercialización mayorista a clientes del sector privado se disparó 300 por ciento y superó los 20 millones de dólares. La empresa calcula además que, si se concretan los contratos de importación ya firmados, el cierre del año podría rondar los 170 millones de dólares. Ese volumen supera con creces lo que generaron las plantas eléctricas de combustible en todo 2024 y el primer trimestre de 2025.
El costo social de esta nueva fiebre comercial cae, otra vez, sobre los trabajadores estatales. La prensa oficial habla de más de 20 mil módulos distribuidos como “estímulo” para médicos, maestros y obreros vanguardia, pero en la práctica muchos reciben equipos financiados con créditos de largo plazo y descuentos salariales que se extienden por años. Algunos de esos compromisos llegan a superar las dos décadas, con cuotas que convierten el supuesto beneficio en una carga heredada. En un país donde el salario no cubre ni lo elemental, la “solución” energética se ofrece como otro mecanismo de endeudamiento.
El patrón ya se conoce. La llamada Revolución Energética dejó en la memoria de los cubanos la compra forzada de equipos defectuosos y promesas que se deshicieron rápido. Ahora el régimen repite la fórmula con paneles y baterías de gel que, según técnicos consultados, exigen reemplazos frecuentes y pueden deteriorarse con facilidad. La diferencia es que esta vez la crisis eléctrica, la dolarización y el hambre de ingresos han convertido el desastre en negocio directo. El Estado no resuelve el apagón: lo monetiza.
Mientras los voceros oficiales venden la foto de una supuesta modernización, el país sigue pagando dos veces. Primero, con la falta de electricidad y los apagones interminables. Después, con el endeudamiento de quienes apenas pueden aspirar a un alivio parcial. La venta de paneles solares confirma hasta dónde ha llegado el modelo castrista: en vez de garantizar servicios, abre mercados para exprimir a la población con cada nueva escasez.
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