El papa León XIV advirtió a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española sobre el intento de la extrema derecha de instrumentalizar a la Iglesia, en un encuentro celebrado en el Vaticano el pasado noviembre con los nueve obispos que integran su comisión ejecutiva. La alerta llegó acompañada de otra preocupación de fondo: el ascenso de esos grupos y su empeño por ganar el voto católico en España.
La advertencia tiene peso porque no se quedó en un gesto diplomático. Según la información publicada por El País, el pontífice también dio indicaciones para cerrar un acuerdo con el Gobierno español sobre indemnizaciones a las víctimas de pederastia y abusos sexuales, además de respaldar políticas migratorias que luego encontraron eco en el episcopado.
La Conferencia Episcopal respondió alineándose con la Santa Sede y apoyó la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a los ataques de Vox y de otros grupos ultraconservadores. También cerró con rapidez el acuerdo para indemnizar a todas las víctimas de pederastia y abusos sexuales dentro de la Iglesia católica.
Ese choque dejó al descubierto una disputa que atraviesa a la Iglesia española y que la ultraderecha intenta convertir en trinchera política. Vox y sus aliados han acusado a los obispos de traicionar a los fieles por respaldar políticas que consideran contrarias al cristianismo, al tiempo que les reprochan el silencio ante el avance del islamismo y la financiación pública que recibe la institución.
La ofensiva se intensificó después de que PP y Vox aprobaran en el Ayuntamiento de Jumilla la prohibición de celebraciones musulmanas en instalaciones municipales. La Conferencia Episcopal calificó la medida de discriminatoria, y esa postura desató un cruce de acusaciones que terminó por exhibir la fractura entre la jerarquía católica y los sectores más duros de la derecha española.
El secretario general de la CEE, César García Magán, llegó a describir a Vox como herederos ideológicos del franquismo, mientras el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, respondió que un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano. La reacción de la Falange y de dirigentes de Vox elevó todavía más el tono del enfrentamiento y dejó claro que la batalla por la Iglesia también es una batalla por influencia política.
Para la Iglesia española, el asunto toca dos nervios sensibles a la vez: su autoridad moral y su papel en una sociedad marcada por la inmigración, el debate sobre los abusos sexuales y la presión de una derecha que busca convertirla en instrumento electoral. La advertencia del Papa dejó claro que esa presión existe y que el Vaticano la ve como una amenaza directa a la autonomía eclesial.
En una España donde la fe todavía pesa en el debate público, el episodio muestra hasta qué punto la ultraderecha intenta usar símbolos religiosos para reforzar su agenda política. Y también evidencia que la jerarquía católica, empujada por Roma, ha optado por marcar distancia frente a ese proyecto, aunque eso la exponga a una campaña de hostigamiento desde los sectores más radicales.
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