La lista de precios topados para alimentos y artículos de alta demanda volvió a chocar con la calle cubana, esta vez en una publicación que desató una ola de críticas por su desconexión con la inflación, la gasolina disparada y el dólar informal rondando los 500 pesos. El reclamo salió desde redes sociales, pero el golpe apunta al mismo centro de siempre: una economía que el régimen pretende ordenar con resoluciones mientras la vida real se le va por la tangente.
El mensaje, difundido en Facebook por Hola Habana, advertía sobre aumentos “sin justificación alguna” en productos como pollo, aceite, leche en polvo, pastas, salchichas y detergente, todos incluidos en la Resolución 225/2025. También llamaba a denunciar a los negocios que violen los topes y a exigir el pago electrónico, como si el problema fuera solo de disciplina comercial y no de un país con precios desbocados y controles cada vez menos creíbles.
La reacción fue inmediata y cargada de escepticismo. Decenas de usuarios recordaron que el combustible se revende en el mercado informal a precios que llegan hasta 3,000 pesos por litro y que el dólar se mueve muy por encima de la tasa oficial. Con esos números sobre la mesa, muchos consideraron imposible sostener los topes sin perder dinero, especialmente cuando la norma fue emitida con un escenario cambiario muy distinto al actual.
En los comentarios apareció una queja que ya se repite como un retrato de la Cuba de hoy: los precios del papel no alcanzan para la economía de la calle. Varios usuarios señalaron además la contradicción de regular en pesos cubanos mientras las tiendas estatales venden en dólares, una grieta que deja al descubierto la doble vara con que opera el sistema comercial montado por el régimen. El resultado es el de siempre: el salario queda atrás y el consumidor termina pagando la factura.
También afloraron denuncias sobre negocios que no aceptan transferencias electrónicas, pese a la exigencia oficial, y sospechas de corrupción entre inspectores encargados de hacer cumplir la norma. Esa mezcla de impunidad, arbitrariedad y vigilancia selectiva alimenta la desconfianza ciudadana y confirma que, en Cuba, la regulación económica suele servir más para exhibir control que para proteger al consumidor.
Algunos participantes defendieron a los pequeños vendedores y mipymes, alegando que compran caro, pagan transporte, impuestos y reposición de inventario en medio de una crisis que encarece cada tramo de la cadena. Otros reclamaron mano dura. Pero por debajo de esas posturas queda una certeza común: los topes oficiales ya no convencen a casi nadie y la lista de precios “vigente” vive divorciada del bolsillo real de los cubanos.
Con apagones, falta de combustible, inflación y deterioro del poder adquisitivo, la discusión sobre estos precios volvió a dejar en evidencia el fracaso del régimen para sostener una economía mínimamente coherente. El Estado fija, ordena y amenaza; la calle corrige, revende y sobrevive. Entre una cosa y la otra queda el cubano de a pie, atrapado en un mercado donde la norma oficial pesa menos que el dólar, la gasolina y la escasez.
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