El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas y la plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba volvieron a poner sobre la mesa una de las heridas más crueles del sistema represivo cubano: las mujeres encarceladas por motivos políticos. Su reclamo fue directo y sin rodeos, pedir que la libertad de las presas políticas cubanas esté en cualquier mesa de negociación y exigir excarcelación sin condicionamientos.
Las organizaciones identificaron 42 presas políticas, aunque advirtieron que la cifra real es mayor. El listado, explicaron, se apoya en registros de Justicia 11J, Cubalex y Prisoners Defenders. También señalaron que varias de esas mujeres han sufrido graves violaciones en prisión o arrastran problemas de salud, una muestra más del ensañamiento con que el régimen castiga a quien disiente.
El pronunciamiento llega en medio del debate regional sobre excarcelaciones y coincide con el balance de un año desde que la dictadura anunció la llamada liberación gradual de 553 personas tras un acuerdo con el Vaticano. Aquel anuncio fue presentado como un gesto humanitario, pero dejó intacta la lógica de fondo: opacidad, arbitrariedad y control político sobre la libertad de los presos.
Amnistía Internacional también ha cuestionado ese proceso. La organización denunció falta de información pública, ausencia de criterios claros y uso de condiciones arbitrarias, y exigió la liberación plena e incondicional de las personas presas de conciencia. En su llamado insistió en nombres que siguen marcando la represión cubana, entre ellos Sayli Navarro Álvarez, Félix Navarro, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara.
La denuncia de estas organizaciones confirma algo que el régimen intenta esconder detrás de sus maniobras propagandísticas: en Cuba la prisión política sigue siendo un instrumento de castigo, presión y chantaje. Las mujeres que hoy permanecen tras las rejas cargan además con el peso de abusos penitenciarios, deterioro de salud y el abandono calculado de un poder que usa la cárcel como herramienta de intimidación.
Human Rights Watch ha documentado denuncias de excarcelados sobre golpizas, aislamiento, condiciones insalubres y restricciones después de salir de prisión. Y según estimaciones de organizaciones independientes cubanas, de las 553 personas liberadas en enero de 2025, unas 200 eran presos políticos. El resto correspondía a delitos comunes, un dato que desmonta la narrativa oficial y vuelve a colocar al régimen frente a su práctica habitual: manipular cifras, dosificar libertades y mantener el aparato represivo intacto.
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