Oscar Corría Sánchez, preso político cubano de 25 años, lleva casi una semana en huelga de hambre dentro de una cárcel de Santiago de Cuba, tras una nueva detención que la familia atribuye al castigo sostenido del régimen contra quienes participaron en las protestas del 11 de julio de 2021 en Contramaestre.
La secuencia empezó el primero de octubre, cuando el joven se presentó en la estación policial de su localidad después de recibir una citación. Desde entonces quedó retenido y la Policía le imputó “desobediencia” y “desacato” luego de negarse a trabajar para el Estado, según denunció su hermana, Mairelis Menéndez Sánchez.
Menéndez relató que en la unidad de la PNR su hermano fue provocado y amenazado por oficiales. Dijo que, al defenderse verbalmente, lo maltrataron, lo llevaron a los calabozos y le fabricaron una nueva acusación para sostener la detención. La familia asegura además que sigue sin información clara sobre su estado dentro de la prisión.
El dato más grave salió a la luz cuando la madre y la hermana fueron a llevarle comida y supieron que Corría llevaba cinco días sin comer ni tomar agua. La familia lo describió como un hombre “plantado” y volvió a denunciar la crueldad con que el aparato represivo trata a los expresos políticos, incluso después de que cumplen sus condenas.
Corría había salido de Boniato el 8 de septiembre de 2024, tras terminar una sanción de tres años y medio impuesta por su participación en el 11J. Su libertad, sin embargo, no frenó el hostigamiento. La familia sostiene que la Seguridad del Estado y la Policía lo mantuvieron bajo presión constante y le exigieron incorporarse al sistema laboral estatal, una orden usada como mecanismo de control y castigo.
La hermana fue directa al señalar que la nueva detención responde a esa negativa. Aseguró que lo tienen preso “sin pruebas” y que el joven sigue siendo perseguido por haber salido a protestar en 2021, con vigilancia, amenazas y acoso permanente.
Cubalex y Justicia 11J condenaron el arresto y exigieron su liberación inmediata. Ambas organizaciones advirtieron que el caso confirma el patrón de persecución prolongada contra los expresos políticos, sometidos a represalias y coerción aun después de cumplir sus sanciones.
El expediente de Corría viene desde su participación en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 en Contramaestre, por las que fue procesado y enviado a Boniato. En aquel momento, la fiscalía pidió ocho años de prisión por “desórdenes públicos de carácter continuado” y “atentado”, bajo acusaciones que incluyeron supuestos intentos de agredir a un agente y lanzar piedras para impedir el arresto. Su caso vuelve a mostrar el ensañamiento de la dictadura contra quienes desafiaron la calle y pagaron después con cárcel, acoso y represión prolongada.
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