Una jueza federal en Estados Unidos frenó el intento de la administración Trump de dejar sin estatus legal a 8.400 familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que llegaron desde Cuba y otros seis países de América Latina. La decisión golpea de frente una política que amenazaba con arrancarles a miles de personas la base migratoria sobre la que habían construido su vida en territorio estadounidense.
La magistrada Indira Talwani, del Tribunal de Distrito, emitió una orden preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional terminar el parole humanitario concedido a beneficiarios de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. El fallo detiene, al menos por ahora, una maniobra del aparato federal que buscaba cerrar una vía legal usada por familias enteras para reunificarse y escapar de las rutas irregulares.
En diciembre, el DHS anunció el fin del programa de reunificación familiar alegando abusos y falta de coherencia con las prioridades migratorias de Trump. Talwani descartó esa justificación al señalar que el gobierno no presentó pruebas de fraude ni evaluó el impacto real sobre los beneficiarios, muchos de los cuales no tienen una salida fácil de regreso a sus países. La jueza concluyó que el cambio fue arbitrario y careció de fundamento suficiente.
La decisión se produjo dentro de una demanda colectiva presentada por defensores de inmigrantes contra la eliminación de los permisos temporales de parole. Reuters informó que el DHS no respondió a una solicitud de comentario sobre el fallo. En ese mismo caso, Talwani ya había bloqueado antes la cancelación del programa para unos 430.000 migrantes, aunque después esa medida fue revertida por instancias superiores.
Para Cuba, el golpe de fondo sigue siendo el mismo: cada cierre de estas vías legales castiga a familias separadas por el éxodo y por un sistema que empuja a miles de cubanos a buscar salida fuera de la isla. El programa Cuban Family Reunification Parole, vigente desde 2007, había permitido durante años que familiares de ciudadanos y residentes legales viajaran a Estados Unidos. Su clausura dejó a muchos en el aire y reforzó la vulnerabilidad de una migración que depende, cada vez más, de decisiones políticas tomadas lejos del sufrimiento cotidiano de las familias cubanas.
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